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Andalucía

La exoneración, un instrumento excepcional que se hizo habitual

  • La lentitud en la revisión de la Administración llevó a salvar a miles de entidades; Díaz lo suprime

Una ONG, pongamos, de ayuda a discapacitados, obtiene de la Junta de Andalucía una subvención de 20.000 euros. Recibe el 75% de la ayuda y el 25% restante se le abona cuando justifique que ha destinado la ayuda a su propósito original. Esta entidad presenta la documentación en plazo y la Junta verifica que la subvención se destinó correctamente. Hasta aquí, sin problemas. Pero, ¿qué sucede si la ONG no justificó en plazo? Otro supuesto: ¿Y si la Junta no revisó el expediente a tiempo, se puede penalizar a esta ONG con excluirla de la próxima convocatoria?

Hasta ahora la Junta se acogía a un instrumento previsto en la normativa reguladora, en la ley general de Hacienda Pública: la exoneración, aunque en propiedad la ley habla de excepción. Para solucionar este tipo de conflictos (la excepción salva una convocatoria, pero no exime de presentar la justificación) la Junta recurrió con asiduidad a esta figura, que la ley reconoce "cuando concurran circunstancias de especial interés social". El lunes, presionada por la revelación de nombres de afines, la Junta informó de que en 2012 exoneró a 1.162 entidades de ayudas a la formación, donde figuran entidades, empresas y ayuntamientos de todos los colores. La Junta trató así de taponar una cadena de revelaciones sobre entidades cercanas que fueron beneficiadas y demostrar que cualquiera pudo acogerse. Hace unas semanas aludió a Cruz Roja.

En 2012, el curso elegido de ejemplo por la Junta, hubo serios problemas de Tesorería que motivaron esta masiva exoneración. Fuentes de la Junta añadieron ayer que fueron 2.895 exceptuaciones a 1.195 empresas, pero otros 1.998 expedientes, que no habrían presentado la justificación a tiempo, no fueron exceptuados. Rechazaron de esta forma que fuese una amnistía general.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, alabó ayer este "ejercicio de transparencia" por la publicación del listado, pero requerido por el número y cuantía de exoneraciones de ejercicios anteriores, se remitió a una posterior información que, probablemente, sólo se ofrecerá cuando amaine este temporal.

Con seguridad, en ejercicios anteriores se firmaron cientos de exoneraciones. Ha sido el proceder habitual de la Administración (hay expedientes aún por revisar desde 2007), pero se ha convertido en una práctica indeseable cuando ha entrado en el barro político infectada por los supuestos escándalos de corrupción de UGT y la red empresarial del ex consejero Ojeda.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, reclamó ayer el listado de las entidades que han sido exoneradas en ejercicios anteriores para saber si hay más miembros de la Ejecutiva de Díaz (en el listado está el actual secretario de Agricultura, José Fernández de los Santos) que fueron exceptuados. Omitió de la censura a los ayuntamientos del PP también beneficiados de esta práctica, y así se lo recordó el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo.

Fueron los propios socialistas los que han contribuido a demonizar este instrumento, que ahora tratan de descontaminar. Fue la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien decidió al principio de su mandato hacer tabla rasa y eliminar para siempre la exoneración. Pero, ¿qué pasa con la ONG de discapacitados si la no justificación de su expediente a tiempo se debió a un retraso de la Administración? ¿Se la debe penalizar?

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