El ejercicio de transparencia llevado a cabo el pasado lunes por la Junta de Andalucía de publicar el listado de instituciones y entidades exoneradas en el último curso que se concedieron ayudas para cursos de formación, en 2012, ha tenido una consecuencia indeseable para la Administración. De los 4.893 expedientes de ayudas, la Junta firmó 2.895 exceptuaciones a 1.195 empresas para que pudieran acogerse a la siguiente convocatoria. Todas estas entidades fueron exceptuadas porque cumplieron y presentaron la justificación; las restantes no fueron salvadas porque no cumplieron.

Precisamente por esta razón muchas de las que aparecen en el listado critican que hayan aparecido en ese listado y se las vincule con un trato de favor de la Administración cuando la razón por la que aparecen es que fue la propia Administración la que no cumplió a tiempo la labor de verificar los expedientes.

El PP se ha especializado en los últimos días en rastrear el listado y encontrar empresas de parientes próximos a altos cargos de la Junta, entre ellos un primo del consejero de Educación, Luciano Alonso. También ha solicitado la celebración de dos plenos extraordinarios, uno sobre los ERE y otro sobre los cursos de formación, peticiones que la mayoría de PSOE e IU rechazaron ayer en la Diputación Permanente del Parlamento. Será Alonso quien comparezca en comisión parlamentaria, probablemente la próxima semana.

Los populares han obviado sin embargo que entre estos supuestos beneficiados también se encuentran algunos de sus ayuntamientos más representativos. El de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez, fue ayer el primero de estos consistorios en alzar la voz.

El teniente de alcalde Ignacio Romaní calificó de "chapuza" el anuncio de la Junta de Andalucía y, en una nota de prensa, aseguró que desde el Ayuntamiento "no se ha tenido conocimiento en ningún momento de esta exoneración, ni se ha recibido notificación alguna al respecto" por parte del Gobierno andaluz. "De hecho, hemos cumplido como siempre y hemos presentado todas las justificaciones", resaltó Romaní, que afirmó que, por tanto, la Junta de Andalucía "miente descaradamente".

Esta situación ya la habían denunciado las empresas de formación, que amenazaron con denunciar a la Junta ante los tribunales para que verifique que esos expedientes están justificados y conseguir de esta forma el pago de las mismas. Para el pago de estas subvenciones la Junta adelanta un 75% y deja el restante para cuando se justifique la subvención.

La patronal de centros de formación de Andalucía Cecap cifró en más de 5.000 los expedientes que tiene actualmente la Junta "sin resolver y liquidar por falta de gestión y liquidez", y ha acusado a la administración de usar las exoneraciones para "tapar la parálisis administrativa".

A esta reclamación se unió el sindicato de funcionarios CSIF-A, que rechazó cualquier exoneración de justificaciones y aseguró en un comunicado que el sindicato "ha justificado todas sus actividades formativas", agregando que la Junta les adeuda aún "más de 30.000 euros de dos programas reflejados en la resolución". El sindicato lamentó que "se intente incluir a todas las entidades en el mismo saco, cuando el sindicato realizó esas actividades, adelantó incluso las cantidades de las mismas y justificó hasta el último céntimo e incluso la Junta le adeuda aún más de 30.000 euros adelantados para dicho fin".

CSIF lamentó que, "a pesar de ello, la Junta intenta englobar a todas las entidades en la misma resolución, sin aclarar si esas actividades fueron realizadas o no, las cantidades de las mismas y el modo de justificación exigido previamente a cada una de las organizaciones que aparecen en la citada resolución".

En esta misma línea UGT de Andalucía, una de las entidades investigadas por haber falsificado facturas, aseguró ayer que justificó "en tiempo y forma" todos los programas de formación para el empleo subvencionados y sostuvo que las exoneraciones se deben a la "incapacidad" de la comunidad autónoma para "verificar las justificaciones presentadas". En un comunicado, esta organización explicó que, "si la Junta decidió exonerar a UGT, entre más de 1.153 entidades, instituciones o empresas que gestionaron la formación, fue por su incapacidad para verificar las justificaciones presentadas, no porque el sindicato hubiera cometido alguna irregularidad".

La Junta se ha abonado a lo largo de los años a este tipo de exoneraciones, aunque sólo ha difundido el listado de 2012, firmado por el entonces consejero Antonio Ávila. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, presume desde el inicio de su mandato de la prohibición de las exoneraciones, pero no ha explicado cómo va a solucionar que los expedientes se verifiquen a tiempo, un mal endémico en la Administración.