Cuando aún no ha acabado de instruir el caso de los ERE fraudulentos, la juez Mercedes Alaya arranca esta semana la toma de declaraciones en la nueva macrocausa abierta por el presunto fraude en los cursos de formación.

La magistrada mantiene imputados en estas diligencias previas a los ex consejeros de Empleo y Hacienda Antonio Fernández y Ángel Ojeda, respectivamente, y el próximo jueves ha citado a declarar como testigo al jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes Pérez. Este funcionario presentó una denuncia en el juzgado en la que ponía de manifiesto las "irregularidades" que había detectado en la tramitación y control de los cursos.

Cuando los agentes de la Guardia Civil le preguntaron directamente sobre quienes son, a su juicio, los responsables de las irregularidades denunciadas, Teodoro Montes se mostró contundente. "Todos mis superiores jerárquicos, sin excepción".

El testigo prestó declaración ante los agentes del grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 22 de agosto de 2013 y entre las irregularidades que denuncia aseguró que se había justificado la asistencia a cursos de alumnos que no habían asistido realmente; que no se había presentado documentación justificando la realización del curso ante el órgano gestor que estaba encargado del control y seguimiento; y que se había "sobredimensionado" el coste para llegar al tope máximo de gasto sin que hiciera falta.

Según la denuncia de Teodoro Montes, hay 450 cursos divididos en dos partidas de los años 2009 y 2010 realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que "no se puede certificar su materialización". Pero la denuncia del funcionario no se queda aquí, puesto que el testigo aseguró a la Guardia Civil que una vez que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se subrogó las obligaciones de la Faffe, trabajadores de la fundación acudieron al SAE y participaron en la gestión, "alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos". Ante su queja, personal subalterno "retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna", lo que le llevó a presentar una denuncia en los juzgados de Sevilla. En cuanto a cómo se asignaban los fondos para los cursos de formación, el testigo relató igualmente en esa comparecencia que hasta el año 2010 la Junta designaba en una resolución, previo estudio de una serie de parámetros, a las entidades que se iban a encargar de llevar a la práctica las acciones formativas. Pero esta forma de trabajar, según Montes, cambió en 2010, fecha a partir de la cual la designación se efectuaba mediante una "convocatoria competitiva", en la que se estudiaban otros parámetros.

De esta forma, la asignación de las acciones formativas a las empresas se ha venido haciendo por parte de las autoridades administrativas "sin que esta elección se correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación" y dándose la circunstancia de que existen entidades formativas a las que se otorgan "muchos más cursos de los que pueden asumir". Estas entidades, según el denunciante, suelen ser entidades locales, agentes sociales y fundaciones, y en este caso la asignación se realiza por parte de la delegación provincial de Empleo. Junto a esta asignación, hay otra que realizan los servicios centrales, es decir, la Dirección General de Empleo y que, según el testigo, se efectuaba "de manera discrecional".

Entre los primeros problemas que detectan se encuentra que las empresas no tienen capacidad para la materialización, en la fechas previstas, de los cursos que les han sido asignados, al tiempo que su departamento se ve "desbordado en su labor de control y seguimiento de los cursos, con lo que las irregularidades que se cometen en muchos casos no son detectadas".

Con la declaración de este funcionario, Alaya inicia la verdadera fase de instrucción del caso de los cursos de formación, que en estos momentos está en una fase muy inicial consistente en recabar abundante información sobre los expedientes de las ayudas concedidas para la realización de los cursos de formación.

Tras esta comparecencia, la juez ha citado a declarar el día 16 de octubre, en este caso como imputado, al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, a quien la juez atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber concedido ayudas por importe de 70 millones de euros para la formación de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España. En el auto en el que imputó a Fernández, la juez acusó a la Junta de destinar 950 millones a cursos sin que la Administración haya obligado a las empresas beneficiarias a justificar el gasto de estas subvenciones.