El Ayuntamiento de Sanlúcar informa de que va a proceder a denunciar a los participantes en las "agresiones y amenazas" que sufrieron los concejales del equipo de gobierno a la salida del Pleno municipal celebrado este jueves, así como "a los instigadores de los mismos, entre los que se encuentran el SAT, Podemos Sanlúcar e IU".

En un comunicado, el Consistorio sanluqueño condena que "un número elevado de representantes de las corralas y otras formaciones" estuvieran durante el Pleno "intentando impedir la normal celebración de la sesión con golpes en puertas, ventanas, insultos y amenazas".

El alcalde de Sanlúcar, el socialista Víctor Mora, compareció ayer públicamente junto a los concejales del equipo de Gobierno PSOE-CIS para informar de la denuncia que han interpuesto por las “agresiones y amenazas” que, según aseguró, recibieron estos ediles el pasado jueves por la noche al término de un pleno del Ayuntamiento. Señaló a integrantes de la plataforma local de okupas, la denominada Corralas de la Dignidad, así como al SAT, Podemos e IU, “entre otras formaciones”, por “instigarlos”.

Mora condenó, por un lado, lo ocurrido durante la celebración de la reunión plenaria, “en la que había un número elevado de representantes de las corralas y otras formaciones intentando impedir la normal celebración de la sesión con golpes en puertas y ventanas, insultos y amenazas”. “Estos colectivos intentaron provocar la suspensión del órgano representativo y soberano de los ciudadanos en repetidas ocasiones, a pesar de contar con un turno de intervención”, manifestó.

Por otro lado, una vez terminó el pleno, cuando se disponían a abandonar el Palacio Municipal, “los concejales del Gobierno sufrieron agresiones y amenazas”. La denuncia va dirigida contra “los participantes en estos hechos y los instigadores de los mismos, entre los que se encuentran el SAT, Podemos Sanlúcar e IU”.

El regidor explicó que “han sido identificados algunos de las agresores a través de vídeos que se grabaron con móviles”. Según informó, los agentes de la Policía Local no identificaron a los supupuestos agresores, una circunstancia que el alcalde abordó ayer con el jefe del cuerpo. “Cuando acabó el pleno y mientras el Gobierno estaba en la planta de arriba del Palacio Municipal, había casi 100 personas esperando para impedir nuestra salida y no entiendo cómo no se pudo identificar durante ese tiempo a quienes estaban abajo. Ya cuando bajamos, evidentemente, era complejo poder proceder a la identificación, dadas las agresiones que estábamos sufriendo”, dijo.

Ayer, según lamentó, “ha vuelto a haber un intento de no dejar trabajar al Gobierno, pues hay casi 30 personas ocupando el Ayuntamiento”. “Rápidamente han sido asesoradas para que sólo se queden 19 a fin de que no haya que denunciar la concentración. Aun así, están identificadas por si les ocurre algo a los representantes del Consistorio y a los trabajadores municipales, pues en tal caso tendríamos también que denunciarlos”, precisó.

Sobre la problemática de las corralas, Mora instó a la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta en Cádiz, cuyo titular es Manuel Cárdenas (IU), a “agilizar los trámites” necesarios para poner a disposición de las familias sin recursos, tras la correspondiente valoración oficial, las 20 viviendas ofrecidas por un banco a cambio de un alquiler social. “Si en su día dije que esta delegación territorial no valía para nada, hoy lo completo afirmando que, además, miente a los ciudadanos”, criticó el alcalde.

El mismo jueves por la mañana 20 familias de una corrala recibieron del juzgado una diligencia de lanzamiento indicándoles que tenían diez días para alegar contra el desalojo previsto en este edificio situado en la plaza Luis Jaramillo Barrios. Se trata, precisamente, de las citadas 20 viviendas. Dicha notificación fue la que caldeó los ánimos de los okupas pocas horas antes del pleno y motivó una mayor asistencia a la sesión. El alcalde manifestó al respecto que el Cabildo “no tiene que hacer gestiones ante la denuncia de un propietario, que es un banco, ante un juez”. “El Ayuntamiento hará lo que viene haciendo hasta ahora, como comunicó a estas familias el jueves en una reunión con las corralas:ayudarles como a cualquier otro ciudadano a través de los servicios sociales en cuanto a ayudas económicas, alimentos, alquiler e incluso algún trabajo en los planes de empleo”, aseveró.

De la oposición sólo recibió una llamada de apoyo del PA, que también condenó públicamente lo sucedido, al tiempo que respaldó las reivindicaciones de las corralas ante la Junta, el Ayuntamiento y los bancos.

El alcalde informó de lo ocurrido a la secretaria provincial del PSOE y ex alcaldesa de Sanlúcar, Irene García; y la Policía Local, a la Subdelegación del Gobierno central en Cádiz.

VÍDEO: SANLÚCAR TV