Ni el padre Román ni los sacerdotes Manuel M.y Francisco José C. ni el profesor de Religión Sergio Q. esperarán entre rejas a que llegue el día de su juicio. El magistrado que investiga los presuntos abusos sexuales denunciados por dos jóvenes de Granada, el juez de Instrucción número 4 de la capital, Antonio Moreno, acordó ayer finalmente dejar en libertad provisional con cargos a tres de ellos y decretar sólo prisión provisional eludible bajo fianza de 10.000 euros para el padre Román, una cantidad que hizo efectiva para evitar ir a la cárcel como preso preventivo.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a este diario, el magistrado acordó también medidas de alejamiento para todos los imputados, que no podrán acercarse a los dos denunciantes ni comunicarse con ellos por ningún medio. Además, habrán de comparecer quincenalmente en el juzgado para firmar, a fin de garantizar que se sometan a la acción de la justicia.

Sobre la medida de incomunicación acordada judicialmente el lunes para que los arrestados no pudieran hablar entre ellos tras ser detenidos, las fuentes del TSJA precisaron que fue levantada una vez llevados a cabo los interrogatorios, si bien el secreto de sumario continúa, por lo que el expediente judicial sigue blindado. Sólo ha trascendido que los cuatro están imputados por delitos contra la indemnidad y libertad sexual, sin que las fuentes hayan especificado si se les atribuye la presunta comisión de abusos sexuales o agresión sexual.

La decisión del juez, que acogió todas las peticiones formuladas por la Fiscalía en lo que respecta a la situación personal de cada uno de los detenidos, se conoció ya avanzada la tarde, después de un intenso día de toma de declaraciones como imputados a los cuatro denunciados, tras cuyas detenciones fueron interrogados primero por los investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial. En sus declaraciones policiales, según ha trascendido, todos ellos, que permanecieron casi dos días en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, proclamaron su inocencia.

Su traslado a los juzgados se produjo a primera hora de la mañana. Dos vehículos policiales irrumpieron en el complejo judicial de la Caleta a las 08.35 horas. En ellos viajaba el primero de los cuatro imputados. A las 11:20 horas llegó el segundo, también en furgón policial, para ofrecer su testimonio ante el instructor. El tercero entró en los juzgados en otro vehículo de la Policía Nacional pasadas las 12:30 horas, mientras que el cuarto fue trasladado por la tarde.

Fue poco antes de las 19:00 horas cuando se dieron por finalizadas las declaraciones judiciales y tuvieron lugar las comparecencias para determinar las medidas a acordar en cada caso, según detalló el Alto Tribunal Andaluz. Los cuatro detenidos contaron con abogados de oficio debido a la incomunicación acordada en el auto en el que se ordenaron sus detenciones, medida que ya el martes, el abogado de todos ellos, perteneciente a un bufete malagueño, consideró "desproporcionada".

Los tres sacerdotes y el seglar imputados formaban parte de un grupo que ha sido bautizado como 'clan de Los Romanones', envuelto asimismo en la polémica por la gestión que algunos de ellos hicieron de la herencia de una adinerada vecina de Órgiva. El caso, al que se incorporó esta semana una segunda denuncia de otro joven granadino que también afirma haber sufrido abusos sexuales por parte de algunos de ellos, se dio a conocer tras la llamada que el Papa Francisco realizó al primer denunciante, bautizado con el nombre ficticio de Daniel, para mostrarle su apoyo y pedirle perdón. El Pontífice le telefoneó tras recibir, el pasado mes de agosto, una carta en la que le narraba los supuestos abusos que sufrió por parte de sacerdotes de la diócesis granadina, apuntando directamente, según fuentes próximas al caso, al padre Román.

Tras esa conversación, Daniel acudió, animado por el propio Papa, a denunciar su calvario ante la Fiscalía Superior de Andalucía a mediados de octubre. Fue el propio fiscal superior, Jesús García Calderón, quien recibió "personalmente" la denuncia y encargó unas diligencias preliminares antes de remitir el asunto a la Fiscalía Provincial de Granada, por ser competencia de ésta.

El día 17 de octubre, en la Fiscalía Provincial de Granada, que dirige la fiscal jefe Ana Tárrago, se recibió un escrito del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, en el que el prelado comunicaba tener constancia de la denuncia formulada por Daniel en la Fiscalía Superior y ofrecía su colaboración para esclarecer los hechos y "erradicar" estos comportamientos, ante los que la Iglesia afirma tener "tolerancia cero". Así lo dejó claro también el Arzopispado en un comunicado emitido tras destaparse el escándalo y en el que defendió la gestión de este asunto por parte del prelado, que en las entrevistas que ha concedido desde entonces ha afirmado que siguió todos los pasos indicados por el Vaticano.

El escrito del arzobispo se incorporó a las diligencias que abrió la Fiscalía Provincial, la cual formuló a finales de octubre la denuncia por los supuestos abusos a Daniel que dio lugar a la causa judicial abierta, en la que, según informó en su día el TSJA, se investigaba incialmente a doce personas. Luego trascendió que se trataba de diez sacerdotes y de dos seglares, a quienes, antes de las detenciones, habría tomado la declaración la Policía para determinar el grado de participación de los cuatro principales sospechosos.

Pese al secreto sumarial decretado por el juez Moreno, los presuntos abusos sufridos por Daniel han sido aireados. Por ello, su abogado, el letrado granadino Jorge Aguilera, envió incluso un comunicado en su nombre pidiendo que se preservase su identidad para no perjudicarle aún más. Porque el objetivo de Daniel, que ahora tiene 24 años, es profesor y vive fuera de Granada, era evitar que otros pudieran estar pasando por lo que él afirma que pasó.

Este diario pudo conocer desde un principio de fuentes próximas al caso que el denunciante mencionó en su carta al Papa Francisco a otras posibles víctimas, y que sufrió los supuestos tocamientos mientras convivió con el principal imputado, párroco de una Iglesia del populoso barrio del Zaidín de la capital granadina.

La víctima acudía, según las fuentes referidas, "desde que tenía siete años" a la parroquia del padre Román, donde "hacía de monaguillo y ayudaba a misa". La relación con el religioso empezó a ser más estrecha y comenzó a pasar en su casa algún fin de semana, "y luego días sueltos de la semana".

Fue a los 17 años cuando "se fue a vivir definitivamente a la casa parroquial con el mencionado párroco, otros sacerdotes y dos laicos". En su denuncia señalaba a unos como autores materiales de los hechos y a otros como encubridores. Ahora, habrá que determinar si los comportamientos libidinosos fueron constitutivos de abuso sexual (tocamientos) o agresión sexual (abusos con acceso carnal).

Una vez concluidas las declaraciones judiciales de los detenidos y puestos en libertad, la causa seguirá su curso y contará en principio con una acusación particular y una acusación popular. La acusación particular la ejercerá Daniel, que hace unos días aún no se había personado como tal por encontrarse las actuaciones bajo secreto de sumario, una medida que puede prolongarse hasta un mes, aunque el juez tiene la posibilidad de prorrogarla si lo considera necesario.

La acción popular la pretende ejercer Prodeni (Asociación Pro Derechos del Niño), según anunció ayer su presidente nacional, Juan Pedro Oliver, que acudió a los juzgados. Este explicó a los medios que su organización vela por los derechos de los niños y puede ofrecer un apoyo más directo a este tipo de víctimas. "Defendemos los derechos de los niños, no tenemos más intereses, y podemos hablar con las víctima", dijo Oliver, que aseguró que el denunciante sí habló con el colectivo.

No ha trascendido si el segundo joven que ha formulado denuncia por presuntos abusos sexuales en este caso -su denuncia aterrizó el lunes en el juzgado de que se encontraba en funciones de guardia, que de inmediato la derivó al órgano del juez Moreno- tiene previsto personarse también en la causa como parte perjudicada.

Tanto en este segundo caso como en el primero serán claves los informes periciales que se encarguen por el juez y propongan las partes a lo largo de la instrucción, a fin de afianzar la verosimilitud de los hechos que las dos víctimas narran y determinar el alcance del daño sufrido por ambos.