El consejo de gobierno de la Universidad de Cádiz acordó ayer por unanimidad, en una reunión que se prolongó durante más de tres horas, aclarar todos y cada uno de los gastos derivados de las tarjetas entregadas a vicerrectores y algunos directores generales durante el anterior mandato. El caso de las tarjetas, abordado en el tercer punto, el del informe rector, protagonizó casi todo el encuentro, en el que hubo una asistencia nutrida de sus miembros y donde se respiraba un ambiente de preocupación y tristeza.

Eduardo González Mazo, en su intervención, leyó la nota de la Universidad de Cádiz en la que se afirmaba que todos los gastos de las tarjetas estaban controlados y aprobados por la Cámara de Cuentas. En el capítulo de preguntas, hubo miembros del Consejo que consideraron que la nota no era suficiente, ni había aclarado debidamente que la mayor parte de los gastos tenían justificación y que había otros que, aún siendo legales, no eran ni "éticos ni estéticos".

Al rector se le dijo, por parte de miembros del Consejo Social, que no había sido suficiente con la supresión inmediata de estas tarjetas y que se debería haber indagado en estos gastos con anterioridad para tener claro el uso adecuado por un lado y, por otro, para haber evitado que se hubiera dañado la imagen de la institución.

González Mazo se ofreció a hacer un recuento completo de los gastos ocasionados por el uso de estas tarjetas, si bien insistió en que es un trabajo arduo al tener que cotejar centenares de apuntes bancarios con sus correspondientes facturas y contando con que se trata de gastos que, en algunos casos, se remontan siete años atrás. De este modo, como manifestaba un integrante del consejo "ni se va a tapar, ni se ocultarán prácticas inadecuadas".

Miembros del Consejo tomaron la palabra para lamentar que la aparición pública de los detalles de las tarjetas haya supuesto informaciones en las que se percibe que el gasto inadecuado era una generalidad, cuando las dudas asaltan en casos muy puntuales. Para ellos, la UCA tendría que haber sido más contundente en su nota y exigir rectificaciones a la publicación de las tarjetas que afectaban a personas "de trayectoria intachable", al tiempo que se consideraba que se había insistido poco en que muchos de los componentes del anterior equipo rectoral habían hecho un uso moderado de las tarjetas. Otros piensan que simplemente el gasto en comidas era absolutamente desmesurado para una institución como la UCA y que se debería haber atajado mucho antes a través de los controles internos de la institución.

En cualquier caso, algunos de los miembros del anterior gobierno consideraron que es necesario conocer cómo salieron esos documentos de la Universidad, ya que apuntan que podría ser ilegal dar publicidad a contabilidades internas. Otros consideran que son documentos públicos y que el problema no era que hubieran visto la luz, sino lo que en ellos se reflejaba y lo que había percibido la comunidad universitaria de su contenido: "No miremos el dedo, miremos a la luna", se llegó a decir. Se habló de que con la demanda actual de transparencia de las instituciones argumentos de este tipo no tienen sentido.

En todo momento se insistió desde el equipo del rector que ninguno de sus antecesores en los cargos había cometido irregularidades, aunque se podía admitir que vistos todos juntos y con la sensibilidad actual en la sociedad se podía considerar excesivo. "Se está juzgando con ojos de ahora hechos del pasado", había llegado a comentar uno de los cargos de Diego Sales que utilizaron esas tarjetas.

Terminada la reunión, algunos miembros del consejo almorzaron en el comedor de la facultad de Ciencias de la Educación, donde el menú cuesta 4 euros con 15 céntimos.