La Junta de Andalucía planteará al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará la próxima semana, que cobre a las comunidades autónomas los mismos intereses que paga el Estado por financiarse y que no aplique "intereses añadidos" en los mecanismos de financiación.

En declaraciones a los periodistas tras firmar un acuerdo con el BBVA para poner en marcha una línea de financiación empresarial, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en más de 120 millones el ahorro que supondría para Andalucía que el Estado aplicara a las regiones en los mecanismos de financiación los mismos intereses que paga el Estado.

Esos "intereses añadidos" han supuesto para Andalucía en los últimos años más de 700 millones porque el dinero que concede el Estado a las comunidades a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el mecanismo de pago a proveedores "hay que devolverlo con intereses". "Si España por el esfuerzo que hacen los ayuntamientos y las comunidades autónomas se financia -en los mercados- a un precio mejor, eso se debería repercutir en las comunidades", ha argumentado la titular de Hacienda y Administración Pública.

Asimismo, la Junta también reclamará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una reforma del modelo de financiación autonómica, por el que Andalucía deja de recibir al año unos 800 millones, según Montero. Igualmente, solicitará la revisión y el aplazamiento de los 400 millones que Andalucía tiene que devolver al Estado por las liquidaciones negativas de la financiación autonómica de ejercicios pasados.

El Gobierno propondrá dejar al 0% el interés de la deuda de las autonomías

El Gobierno va a proponer a las comunidades autónomas una mutualización de la deuda que han contraído a través de los distintos mecanismos de financiación habilitados por el Estado y de la que puedan contraer en el futuro a través de la reducción de los tipos del interés al 0%. Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han informado de esa propuesta que el ministro Cristóbal Montoro llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará la próxima semana.

Montoro ha confirmado en los pasillos del Congreso la celebración del CPFF y la habilitación de nuevas medidas de financiación para las comunidades autónomas. Unas medidas que finalmente pasarán por la refinanciación de la deuda contraía con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que asciende a 62.800 millones en tres años, y con los mecanismos de pago a proveedores. En este caso también se beneficiarán de las nuevas condiciones los ayuntamientos que recurrieron a los mecanismos de pago a proveedores, un asunto que se tratará también la próxima semana en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

También se financiará al 0% la deuda que todas las comunidades, no sólo las nueve adheridas al FLA, asuman en el futuro, para lo cual se aprobarán cambios legales en el último Consejo de Ministros del año. Fuentes de Hacienda no han precisado el ahorro que esta rebaja de intereses puede conllevar para las comunidades, pero han apuntado que las medidas aprobadas el pasado 31 de julio (rebaja de tipos al 1% y ampliación en un año del plazo de carencia) dotaron a las comunidades adheridas al FLA de más de 4.000 millones de liquidez. De este modo, el Gobierno ha descartado aplicar una quita a la deuda de las autonomías y ha optado por mejorar las condiciones de su financiación.

El CPFF de la próxima semana también estudiará un FLA social para que los ayuntamientos puedan cobrar las deudas que las comunidades mantienen con ellos por la prestación de servicios sociales. Asimismo, verá los planes económico-financieros de Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, cuatro comunidades incumplidoras del objetivo de déficit en 2013 cuyos planes de ajuste no fueron aprobados en el Consejo del 31 de julio.

El Gobierno ofrecerá a todas las autonomías adherirse a un "verdadero plan de choque" para acceder a medicamentos y a tecnología sanitaria sin coste adicional para ellas, lo que les permitirá mejorar el gasto en materia sanitaria. Esos mecanismos serán posibles gracias a los acuerdos alcanzados por el Gobierno con las patronales de las farmacias y de las empresas de tecnología sanitaria, Farmaindustria y Fenin. De ese modo, se implantarán "techos de gasto" en la compra de medicamentos y de material.