Un operario de las obras de la antigua Tabacalera de Málaga murió el pasado 16 de diciembre después de quedar atrapado por una máquina en los trabajos para convertir el edificio en la sede del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Varios meses antes, el 21 de octubre un buzo falleció al ser succionado por una turbina en el entorno de la central térmica que E.ON tiene en los barrio; mientras que a principios de 2014, un hombre de 28 años perdió la vida cuando recibió un golpe mientras recogía aceitunas en una finca de la provincia de Córdoba. Son sólo tres de los 70 accidentes laborales con resultado de muerte que se produjeron el año pasado en Andalucía, una vez que se descuentan los desestimados después de la investigación y los que fueron contabilizados en 2014, pero se produjeron en años anteriores.

Según los datos de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, la cifra supone un aumento del 11% en este tipo de siniestros con respecto al año pasado, pero el número de accidentes leves también crece hasta los 69.409 registrados, un 5% más. Solo disminuyen los calificados como graves, que suman 793 entre enero y diciembre, es decir, un 5% menos. Las estadísticas autonómicas muestran que desde 2007, el año previo a la crisis económica, la siniestralidad laboral no ha hecho más que bajar hasta el estancamiento que se produjo entre 2012 y 2013. El descenso de casi medio millón de afiliados a la Seguridad Social es una variable a tener en cuenta en este descenso, pero este año la tendencia se ha invertido y los sindicatos han mostrado su preocupación por el retroceso en la prevención de riesgos laborales.

Nuria Martínez, secretaria de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO Andalucía responsabiliza a la administración central, "porque legisla a favor del empresariado en contra del trabajador", pero también a la Junta de Andalucía, a quien achaca un recorte del 60% en el capítulo de seguridad, salud y relaciones laborales -el 31.C- de los presupuestos de 2015, con la afección de varias partidas. Francisco Javier Zambrana, director general de Seguridad y Salud Laboral de la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, confirma el descenso de la inversión que denuncia del sindicato, pero discrepa en la cifra de reducción del presupuesto. "La dotación en el apartado de prevención de riesgos laborales ha disminuido un 24%. La disparidad de números con CCOO se debe a que ellos contabilizan el capítulo entero, que incluye la partida de relaciones laborales, que no tiene que ver con nosotros y donde la reducción ha sido mayor", detalla el directivo.

Dentro del recorte del 24%, se elimina el capítulo 4 del mencionado apartado 31.C de los presupuestos, que en 2014 tuvo una dotación de 3.937.912 euros y que corresponde a la inversión en promoción y divulgación de la seguridad y la salud laboral . Esta labor, que antes corría a cargo de los agentes económicos y sociales de la comunidad, será realizada a partir de ahora por los propios funcionarios de la Junta. "Era un gasto asociado al Plan Estratégico de Prevención 2010-2014, que ha finalizado y, por lo tanto, no va en los presupuestos", detalla Zambrana, que también reconoce la eliminación de una partida de 1.300.000 euros para subvenciones a pymes, dentro en el capítulo 7, dedicado a las inversiones. "La convocatoria de 2012 no se pudo resolver hasta 2014 y ahora estamos preparando una nueva edición para 2015-2016 con una dotación de 1.800.000 euros", señala el director general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía.

Carlos Naranjo, el secretario de Relaciones Laborales de UGT Andalucía, alude al escaso grado de cumplimiento del mencionado plan estratégico, una estrategia aprobada de forma conjunta por la administración, la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA) y los dos sindicatos mayoritarios. Según UGT y CCOO sólo se han llevado a cabo el 60% de las políticas incluidas en el documento. Entre las labores que han quedado sin finalizar, destaca la elaboración de un anteproyecto de Ley Andaluza de Promoción de la Prevención de Riesgos Laborales. Estas afirmaciones también son confirmadas por Francisco Javier Zambrana, que explica que su intención es prorrogar el plan extinto en 2014 hasta que Junta y agentes sociales acuerden el nuevo, que estará vigente hasta 2020.

Respecto a las responsabilidades del Gobierno Central, Nuria Martínez critica normas como la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, "que exime a los empresarios de invertir en prevención de riesgos laborales si tienen menos de 25 trabajadores. Antes esta norma sólo afectaba a los negocios con menos de diez empleados y pensamos que el aumento no está justificado", explica Martínez, que también se refiere al Real Decreto 625/2013 y la Ley 35/2014, que según el sindicato, da mayores poderes a las mutuas, lo que supone "un mayor control y la criminalización del enfermo".

Según la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, el resultado de los recortes presupuestarios y la nueva legislación del mercado laboral ha provocado "que tengamos que volver a preocuparnos por que se cumpla lo más básico". La sindicalista considera que se produce un "ocultamiento" de la siniestralidad debido al empeoramiento de las condiciones laborales. "La gente no se atreve a denunciar porque tiene miedo a perder su puesto de trabajo", critica Martínez que denuncia situaciones como la escasa formación que reciben los nuevos empleados. En el otro sindicato mayoritario comparten esta visión y Carlos Naranjo hace hincapié en que "el 50% de accidentes se registran en trabajadores con contratos temporales". En su opinión, este hecho provoca un mayor número de accidentes, ya que "el tiempo de adaptación a la rutina de trabajo es menor".

Pero la autoridad laboral, es decir, la mencionada Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, reconoce los datos negativos, pero afirma que "no hay que crear alarma social", manifiesta Zambrana. El también director del Instituto Andaluz del Instituto Andaluz de Prevención Laboral asegura que 2013 fue "especialmente bueno" para las cifras de siniestralidad en el trabajo, sobre todo en el apartado de mortalidad. "El número de muertes del año pasado está por debajo de la serie histórica y, después del descenso de 2013, se ha producido una regresión a la media", apunta.

Ante las peticiones sindicales, Zambrana considera que su labor es mantener la vigilancia y control, en la medida que su departamento es la autoridad laboral competente. Para luchar contra la siniestralidad, la administración autonómica cuenta con armas como el Programa de Actuación sobre las Empresas de Mayor Siniestralidad en Andalucía o el Plan de Actuación de los Técnicos Habilitados, que consiste en llevar a cabo inspecciones a cargo por funcionarios autonómicos y que en 2014 realizó 4.649 visitas. Su labor es realizar informes y requerimientos a las empresas para que estas subsanen las irregularidades con el objetivo de derivar el menor número de incidencias posibles a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. A pesar de los datos negativos, Francisco Javier Zambrana es optimista y hace hincapié en "el trabajo bien hecho que no se conoce", y asegura que entre la patronal andaluza hay muchas compañías "que están concienciadas y saben que la prevención es una inversión con retorno positivo".