Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, tribunal al que quedará adscrita la juez Mercedes Alaya una vez que se haga efectivo su traslado, han expresado su “profunda preocupación por la imagen” que la Administración de Justicia puede dar al haber adscrito a la instructora de los ERE fraudulentos a la misma Sala encargada de resolver los recursos de apelación y de queja interpuestos en una macrocausa de “tanta complejidad y relevancia, no sólo desde un punto de vista jurídico sino en especial por su repercusión política del todo inaudita en el ámbito judicial andaluz”, según ha informado hoy el TSJA.

Esta preocupación ha sido expuesta por el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, en el informe remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el próximo martes tomará conocimiento del reparto de las plazas acordado por la Audiencia en función de la antigüedad en el escalafón de la carrera.

Los magistrados de la Sección Séptima, que preside Javier González, realizan esta consideración  partiendo del “total respeto personal y profesional por la magistrada Mercedes Alaya” y en su argumentación señalan que esa “repercusión política del todo inaudita” es la característica que la diferencia, en opinión de estos jueces, “de otros asuntos de cuya instrucción son o han sido de la competencia de la indicada magistrada y en cuya tramitación de una forma u otra está implicada esta Audiencia Provincial”.

En este sentido, “transmiten su pesar porque ello no haya sido tenido en cuenta, incrementándose así, de forma que entienden evitable, la presión propia de su intervención jurisdiccional en un proceso de tanta trascendencia política”. Además, indican, que la “tramitación de estos recursos es más que posible que se mantenga una vez que la magistrada Mercedes Alaya se reincorpore tras la prórroga de su cese en el Juzgado de Instrucción número 6”.

En su acuerdo, el presidente de la Audiencia de Sevilla en orden a determinar la composición de las cuatro secciones penales de la Audiencia Provincial, como consecuencia del incremento de una plaza de magistrado para cada uno de ellas, acordó “aplicar, estrictamente y sin excepciones, el criterio objetivo de la antigüedad escalafonal”, previa audiencia tanto a los actuales magistrados, por si deseaban cambios internos con carácter previo, como a los nuevos destinados para que especificaran sus preferencias de adscripción.

Así, las plazas de nueva creación que no han sido solicitadas por magistrados ya pertenecientes a la Audiencia, y las correspondientes resultas, “se atribuirán a las magistradas asignadas al orden penal en el concurso de traslado”, resuelto definitivamente el pasado martes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, “en función de las preferencias por éstas manifestadas y siguiendo el orden de antigüedad en el escalafón judicial”.