El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, urgió ayer a que se aprueben en Andalucía leyes sociales para paliar la crisis, en especial en vivienda, donde alertó de un deterioro de la situación frente al que propuso un gran pacto andaluz por la vivienda entre todos los sectores implicados.

Maeztu, quien entregó al presidente del Parlamento andaluz en funciones, Manuel Gracia, el informe del Defensor del Pueblo de 2014, destacó en rueda de prensa el aumento de las ocupaciones "irregulares" de viviendas registrado en Andalucía en los últimos meses por la falta de soluciones y por el colapso de las respuestas administrativas.

El Defensor defendió "el derecho a tener un techo en condiciones dignas", que no se debe de confundir con el derecho a la propiedad de una vivienda, y confesó que aunque nunca puede "justificar" la ocupación irregular de una vivienda sí puede "comprender perfectamente" que una familia desahuciada recurra a la patada en la puerta ante la falta de soluciones de las administraciones o el retraso, en varios años, en tramitarse su solicitud a un hogar.

El Defensor explicó que hay familias que no pueden pagar un alquiler social de 170 euros mensuales si sólo reciben una ayuda de 400 euros; que algunas listas de demandantes de vivienda social superan los miles de peticionarios o que se tardan hasta dos años en adjudicarla. También recordó que hay miles de viviendas inutilizadas porque sus promotores están en un concurso de acreedores cuya citación judicial se demora a 2018 o que también se tardan varios años en calificar como viviendas de alquiler miles de construcciones destinadas inicialmente a la compraventa. Maeztu advirtió que la desesperación de las familias desahuciadas explica que "cada vez hay más corralas y más ocupaciones irregulares" en Andalucía. Maeztu urgió a que administraciones, constructoras y entidades financieras se sienten a negociar un gran pacto andaluz por la vivienda que paralice los desahucios y agilice la utilización de hogares desocupados mediante un alquiler social accesible.

El Defensor informó de que su departamento ha iniciado consultas con los ayuntamientos para elaborar "un mapa de la vivienda que permita inventariar el número de hogares disponibles y el de familias sin techo para que el derecho a la vivienda consagrado en el Estatuto se aplique realmente.

A su juicio, la mejoría de los datos macroeconómicos y del empleo no se ha trasladado a las miles de familias andaluzas golpeadas por la crisis, lo que evidencia que el 53% de las actuaciones de su departamento el año pasado estuvieron relacionadas con quejas por vulneración de derechos básicos y políticas sociales.

Maeztu defendió paliar los efectos de la crisis con leyes sociales como la de segunda oportunidad, para que las familias puedan renegociar sus deudas como las empresas; la de ingresos mínimos y la de garantía de servicios básicos, que evite que algunos hogares se queden sin electricidad o agua.