El ex presidente de la Junta Manuel Chaves llegó en torno a las 09:45 de este martes a la sede del Tribunal Supremo, donde poco después, en torno a las 10:25, comenzó su declaración como imputado ante el instructor del Tribunal Supremo que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos. Chaves, que iba acompañado de su abogado defensor, Pablo Jiménez de Parga, se bajó de un coche justo ante la puerta del Tribunal Supremo, donde era esperado por numerosos reporteros gráficos y cámaras de televisión. El ex presidente de la Junta llevaba en sus manos una carpeta con documentos y ha saludado a los periodistas, a los que hizo una breve declaración cuando finalizó su comparecencia ante el instructor, que se prolongó por espacio de unas dos horas y media.

En esta comparecencia ante el Tribunal Supremo el ahora diputado socialista debía explicar la actuación de su Ejecutivo, después de que la juez Mercedes Alaya, lo haya acusado hace tan sólo unos días en un nuevo auto de conocer el procedimiento "ilegal" por el que se concedían las ayudas públicas y de estar al corriente de los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las irregularidades.

El que fuera presidente de la Junta durante 19 años y dejó el cargo en abril de 2009 comparece después de que su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, defendiera que en su etapa como consejero de Economía y Hacienda se incrementó el control sobre las ayudas, aunque reconoció que "hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar".

La declaración de Chaves estaba marcada por el nuevo auto de la juez Mercedes Alaya, en el que la magistrada ha extendido las irregularidades detectadas en los ERE a numerosas empresas públicas de la Junta y en el que no ha dudado en afirmar que el Gobierno andaluz "menospreció" los informes de la Intervención.

En los últimos meses, Alaya ha ido puliendo las acusaciones respecto al conocimiento del fraude, que ha elevado a todo el Consejo de Gobierno de la Junta –como hizo en la exposición razonada remitida en enero pasado al TSJA- y ahora, después de analizar las actas de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados "consejillos", la instructora se ha reafirmado en estas acusaciones, al sostener que en estas reuniones los viceconsejeros eran “conscientes” de los reparos de la Intervención y además hasta por dos ocasiones se "guardó en un cajón" un proyecto para regular el sistema de concesión de las ayudas.

De hecho, en la exposición razonada que envió al TSJA, Alaya implicó expresamente a todo el Consejo de Gobierno presidido por Chaves entre  los años 2005 y 2007 en el conocimiento y mantenimiento del fraude de los ERE. "Bajo ningún concepto lógico o razonable, podría negarse a juicio de esta instructora, el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema, en primer lugar por la Consejería de Hacienda y sus responsables… y en segundo lugar, por el propio Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves, quien tras el análisis de dichos expedientes" aprobó mediante sucesivos acuerdos los programas anuales de Control Financiero Permanente sobre las empresas públicas de la Junta, a propuestas del entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán.

En la exposición razonada que elevó en agosto de 2014 al Tribunal Supremo, Alaya aseguró que numerosos cargos públicos de las Consejerías de Empleo y Hacienda, así como la Intervención General de la Junta y hasta llegar al presidente conocían el uso inadecuado de las transferencias a través de las distintas modificaciones presupuestarias.

La instructora sostiene que los informes definitivos de Cumplimiento de los años 2003, 2004 y 2005, en los que se alertaba de que se utilizaban las transferencias de financiación en lugar del procedimiento de las subvenciones excepcionales, no sólo fueron conocidos por el ex presidente José Antonio Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, sino también por el propio Manuel Chaves. Alaya estima que aunque no consta que el consejero de Hacienda diera cuenta al Consejo de Gobierno de esos informes –en virtud de las facultades que le otorgaban los artículos 52 y 57 del reglamento de la Intervención-, el presidente de la Junta Manuel Chaves "conoció el contenido de tales informes y ello aunque no se siguiera por la Intervención el cauce legal del informe de actuación (previsto en el artículo 12.5 del Decreto 9/1999) que hubiera resuelto de manera definitiva la controversia a través del acuerdo que hubiese adoptado el Consejo de Gobierno".

Alaya considera que Chaves debió conocer esos informes, no sólo por la normal comunicación con el consejero de Hacienda ante las altas cifras de déficit ocasionado por la actuación de una sola dirección general a través de un "procedimiento ilegal", sino porque con carácter previo a la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto por el Consejo de Gobierno, se sometía el mismo cada año (y cada año se recibían los informes de la Intervención) a la comisión Delegada de Asuntos Económicos, que presidía el propio Chaves como presidente andaluz, y que estaba integrada por los consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda, quienes habían recibido los reparos de la Intervención.

La juez llega a decir que el sistema por el que se concedían las ayudas, a través de la firma de convenios entre Empleo y el IFA, constituía una "directriz política avalada por quienes tenían que hacerlo, el presidente de la Junta Manuel Chaves y su asesor permanente en estos temas, Gaspar Zarrías", por entonces consejero de la Presidencia.

Para Alaya, resulta "imposible" que la IFA/Idea se le causara un déficit de 93 millones de euros en el año 2004, 95 millones en el 2005 y de 58 millones en el 2006, sin que este hecho no generara la alarma del consejero de Innovación –entonces Francisco Vallejo, imputado ante el TSJA-, o que el consejero de Hacienda –por el ex presidente Griñán- y el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, "no trataran el importante menoscabo de fondos públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención", cuando estos datos según la instructora eran objetivos y reales y figuraban en la memoria anual de cuentas anuales del IFA.

La juez precisa que no se trata de que los consejeros de Hacienda, Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejería de Empleo, es que "participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento", sentenciaba Alaya en su dictamen.