La operación Poniente vuelve en forma de más imputaciones. Son siete las personas que se han unido a la larga lista con la que ya contaba el caso. Cinco funcionarios relacionados con el área de obras públicas del Ayuntamiento de El Ejido, bajo el mandato de Juan Enciso, entre los años 2002 y 2007. El juez también ha llamado a declarar a la esposa y al hijo de dos de ellos por su relación con la empresa Urdial-Maryya SL ya que, mediante esta, se habrían embolsado presuntamente alrededor de 900.000 euros de dinero público.

El auto fecha las comparecencias en la sede del Juzgado de Instrucción 2 de Almería para los días 20, 21 y 23 de abril e imputa a los siete la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios a raíz del informe pericial de la Agencia Tributaria, que se incorporó a la causa en 2014.

Según fuentes cercanas al caso, los indicios apuntan a que la empresa Urdial-Maryya SL subcontrató con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como "eje" de la presunta trama corrupta y "único cliente" de esta mercantil, y que, gracias a ello, los imputados habrían recibido diversas cantidades que, en total, rondarían los 900.000 euros.

En concreto, los peritos de la Agencia Tributaria detallan que se desprende que esta empresa, detrás de la que estarían los funcionarios, "sólo contrató con Elsur" obras y servicios "sin justificación", por lo que habrían recibido dinero público "sin ningún tipo de justificación también".

El auto cita al jefe del Área de Obras Públicas, Agustín Santaella, al jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, Emilio García, al arquitecto municipal Francisco Gabriel García, a la jefa de Vías Públicas, María Jesús Maldonado y al técnico del área Antonio Cara. Deberán comparecer ante el juez, asimismo, el hijo del primero, de profesión arquitecto, y la esposa de Emilio García.

La pericial de Hacienda recoge que, entre 2004 y 2009, Santaella y su hijo se beneficiaron con más de 250.000 euros y con 44.163 euros, mientras que Emilio García y su mujer habrían percibido indiciariamente 28.853 euros. El arquitecto municipal recibió supuestamente la máxima cuantía, más de 310.000 euros, mientras que la jefa de Vías Públicas y el técnico de área habrían cobrado 160.946 y 82.577 euros, respectivamente

El titular Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, el magistrado Jesús Miguel Hernández, mantiene aún abierta la instrucción a la espera de iniciar la fase intermedia en una causa que explotó el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional del Consistorio ejidense y la detención de 20 personas, entre ellas el ex alcalde Juan Enciso (PAL) y el ex interventor municipal José Alemán.

El Ayuntamiento de El Ejido indicó que sus servicios jurídicos han determinado que los hechos por los que han sido imputados los funcionarios "han prescrito a nivel administrativo" y emplazó a la vía penal para determinar "las posibles responsabilidades". En un comunicado, el Consistorio también pidió celeridad para resolver el caso.