El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tomó ayer declaración como imputados a dos profesores y una coordinadora de un centro de formación dentro de la causa por el fraude en las subvenciones para cursos a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con compromiso de contratación. Todos ellos defendieron que el curso se impartió y se desarrolló dentro de la legalidad.

En este caso, a esta empresa se le concedieron 131.000 euros dentro de la convocatoria del 15 de diciembre de 2010, aunque se ha pagado el 75%, para un módulo de soldadura con unos 15 alumnos. Los investigadores sostenían inicialmente, en uno de sus informes que esta empresa, a la que se concedió en 2009 otra ayuda, fue creada "con la única finalidad de la percepción de las subvenciones de formación". Uno de los profesores, hijo del propietario de la empresa que tendrá que declarar el 5 de mayo, destacó en su declaración que la empresa se constituyó para dar cursos y que el módulo se impartió, siendo él el responsable de la parte práctica, para lo que tiene la titulación exigida, mientras que su padre era el que llevaba el tema de las subvenciones y contrataciones. Su primo impartía diseño gráfico.

Indicó que algunos alumnos fueron contratados, pero otros encontraron trabajo y firmaron la renuncia; y ha señalado que hubo dos cursos, uno en 2009, donde sí fue un inspector; y otro en 2011, donde "no hubo ninguna inspección", aunque ha incidido en que sí se llevaba un control de los alumnos por parte del propio centro, ya que incluso cuando uno no asistía se daba cuenta a la coordinadora y se contactaba con él. El docente afirmó, según consta en la declaración, que no tiene ninguna relación con nadie del SAE ni sabe sobre la gestión de las ayudas, e insistió en que tiene 16 años de experiencia en soldadura y en que se tuvo que sacar un curso específico de formador ocupacional por la Junta para poder impartir las clases.