La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha aplazado al próximo 22 de junio la ratificación del informe pericial de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que cifra en 66.155.573,51 euros las sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media de mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta de Andalucía. La ratificación estaba prevista para este miércoles pero uno de los peritos pidió a la juez el aplazamiento al no poder acudir por “motivos personales”, por lo que Alaya ha fijado una nueva fecha de comparecencia para el próximo 22 de junio, según una providencia dictada por

El informe que debe ser ratificado ante la instructora destaca que en la mayor parte de las pólizas la comisión percibida por los mediadores en el periodo investigado (2000-2011) ha sido "significativamente superior" a la media del mercado, que se situaba en el 2%, mientras que en las ayudas investigadas se alcanzó en algunos casos incluso el 12%. De esos 66,1 millones, la mayor parte, 36.228.300,1 euros fueron percibidos por las entidades vinculadas a Vitalia, (Vitalia, Holding Europeo Tindex, Irson, Resturine, Morgan & Meyer, Rokiblau y Dreamhouses Invest). El grupo Uniter (Uniter e Ingotor) recibió 29.804.937,2 euros, mientras que otros mediadores que intervinieron un carácter marginal fueron Atlantis, que recibió comisiones por importe de 50.918,3 euros, y Expert Ejecutivos, por 71.417,9 euros.

Entre las irregularidades que detectan los peritos de la Dirección General de Seguros se encuentran la "actuación de agentes de seguros exclusivos simultáneamente para varias entidades aseguradoras, el pago de comisiones a varios mediadores por la misma póliza, el pago de comisiones a un mediador sin que conste un contrato de agencia, y la existencia de tomadores impropios en las pólizas intermediadas y la no identificación adecuada del mediador en las pólizas".

El peritaje avala uno de los argumentos que la juez Alaya ha venido sosteniendo a lo largo de la instrucción, al poner de manifiesto que tras el estudio realizado "no se ha encontrado justificación que acredite la necesidad o conveniencia de suscribir las pólizas de seguro mediante la participación de mediadores, cuya intervención ha encarecido innecesariamente el coste de las pólizas".

Tampoco encuentran los expertos justificación sobre los criterios de elección de las aseguradoras y además, en contra de lo que es norma, la comisión de los agentes no era establecida por las aseguradoras sino por los propios mediadores, lo que supone un mecanismo "irregular" de fijación del nivel de comisiones realizado en "connivencia con las entidades aseguradoras".El informe concluye que una parte importante de las comisiones cobradas por Uniter se destinaban "al pago de terceros" y que Vitalia operaba "irregularmente como correduría de seguros, ya que carecía de la preceptiva autorización administrativa".