El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, considerado "el azote de la corrupción" en numerosas causas de la Costa del Sol, entre ellas el caso Malaya, ha afirmado que si la tonadillera Isabel Pantoja "cumple con los requisitos, está dentro de la normalidad que se le conceda su primer permiso". En declaraciones a Efe, López Caballero destacó que en primer lugar lo que hay que determinar es si concurren todos los requisitos y, si los cumple, "es normal" que se le conceda porque "es un derecho y forma parte del tratamiento penitenciario".

Además añadió que los permisos también sirven para la rehabilitación de los reclusos. Esta semana la Junta de Tratamiento de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra ha informado a favor de la concesión del primer permiso penitenciario para la tonadillera. La Junta de Tratamiento ha adoptado esta decisión, si bien será el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Provincial de Sevilla quien apruebe o no la concesión de este permiso en los próximos días.

Según varios juristas consultados por Efe, en la legislación penitenciaria el permiso tiene como finalidad esencial la "preparación para la vida en libertad" por lo que se entiende que es un instrumento esencial para la "reeducación y la reinserción social del penado". Por ello, cumplidos los requisitos legalmente previstos, lo normal debe ser la concesión del permiso y su excepción, la denegación, han apostillado las fuentes.

Pantoja, que ingresó en la prisión de Alcalá de Guadaíra el 21 de noviembre, ya ha cumplido en prisión seis meses de pena, la cuarta parte de la pena de dos años a la que fue condenada por blanqueo de capitales.

En diciembre a Audiencia Provincial de Málaga redujo a un millón de euros la fianza de 3,68 millones que le impuso el juez instructor a la tonadillera. Los abogados de la artista habían pedido que se adecuara la fianza a la multa a la que había sido condenada, 1,1 millones, según fuentes judiciales.

La tonadillera antes de su ingreso en prisión realizó dos trasferencias de 100.000 euros y 47.148 euros, respectivamente, a la cuenta de consignación del juzgado, como parte de la multa que le fue impuesta en su condena por blanqueo de capitales.