El curso político se inaugurará en Andalucía en septiembre con la creación de la comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de formación. Todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, la han solicitado, por lo que se aprobará en el segundo pleno que celebre el Parlamento el próximo mes. No está definido cuál será el voto de los socialistas hacia un asunto que afecta de lleno a los últimos Gobiernos de la Junta, al menos hasta el de la coalición con IU. Desde 2011 no se convoca ningún curso. Aunque en el PSOE no lo admitan públicamente, ya han asumido que la comisión se creará. La presidenta Susana Díaz, de baja maternal hasta septiembre, no quería que la comisión se aprobase en el mes de julio y que comenzase a trabajar en agosto; trataba de evitar, así, que esta legislatura se inaugurara con una comisión parlamentaria sobre la corrupción. Pero pasado el tiempo, el voto afirmativo de todos los partidos de la oposición bastará para que esta investigación eche a andar en otoño, posiblemente en octubre.

La Guardia Civil y la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional han encontrado una importante bolsa de fraude en los cursos que se dieron en Andalucía entre los años 2002 y 2014, y fruto de ello es la investigación que 18 juzgados andaluces realizan sobre un proceso en el que ya hay decenas de imputados. Además, la Junta solicita 71,9 millones de euros a empresas que no han justificado convenientemente la realización de estos cursos, aunque la acusación más grave, y más fundamentada, fue la que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizó sobre los programas de formación entre los años 2009 y 2010, en el que apreció posibles "responsabilidades contables y administrativas". El Parlamento intentará ahora señalar cuáles son las responsabilidades políticas, pero para ello deberá conjurar el fantasmas de la comisión de los ERE, que finalizó en nada -no se aprobó el dictamen- después de un intenso trabajo de estudio y de comparecencias en agosto de 2012.

Habrá comisión de investigación, pues; habría bastado con los votos del PP, Podemos e IU, pero Ciudadanos también se ha sumado a esta iniciativa. Sin embargo, parece que pierden fuerza otras propuestas, como la comisión del caso Aznalcóllar o la de la red Gürtel en Andalucía, concebido por el PSOE como una herramienta de desgaste para el PP de Juanma Moreno. De momento, la única vinculación del PP andaluz con la Gürtel parece reducirse, al menos en el plano judicial, a un contrato del Ayuntamiento de Jerez, por el que está imputada si anterior alcaldesa, María José García Pelayo. El caso Aznalcóllar está pendiente de su deriva judicial y es que, de momento, el proceso parece desinflarse o, al menos, no tiene el vigor con el que saltó en plena campaña de las elecciones municipales. La juez instructora acusa a una serie de funcionarios de prevaricación, y la ex directora de Minas de la Junta debe declarar el 17 de septiembre como imputada. Los delitos de malversación y tráfico de influencia se han perdido en el camino. Un reciente auto de la instructora niega a la empresas denunciante, Emerita, la posibilidad de quitar la concesión de la mina de Aznalcóllar a la denunciada, Grupo México, en un caso que se parece más a un conflicto entre compañías que a uno de corrupción. Tampoco parece que vaya a salir adelante la comisión permanente sobre investigación propuesta por IU.

La gestión de los cursos de formación afectan de lleno a la Consejería de Empleo y al que fuera su titular entre los años 2004 y 2010, Antonio Fernández. El dictamen de la Cámara de Cuentas señalaba que muchas de las ayudas concedidas para dar las clases no estaban justificadas y, para acceder a ellas, las empresas solicitantes no se sometían a un régimen de concurrencia competitiva. Al menos, en el año 2009, el 89% de las ayudas se dieron sin este concurso. En 2010 el porcentaje bajó al 36%.

Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEA nunca concurrían, sino que se les daba las ayudas en función de los convenios firmados con la Junta. Las tres fueron las organizaciones que más dinero recibieron. Sólo entre 2009 y 2010, la patronal de empresarios recibió 83 millones de euros, y 63 millones de euros la UGT, la misma cantidad que Comisiones. Además, la Cámara de Cuentas encontró irregularidades en el Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), una fundación instrumental de la Consejería de Empleo que recibió esos años 80 millones de euros. El caso específico de la Faffe se encuentra ahora en el juzgado número 6 de Sevilla, del que fue titular la juez Mercedes Alaya.

Faffe recibió 24,5 millones de euros en 2009 y 24,3 millones en 2010, de las que "no consta justificación alguna, según la Cámara, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello. Además, parte de los cursos subvencionados no se han iniciado o están pendientes de finalizar". Esta fundación ya no existe, aunque sus 1.200 trabajadores permanecen subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los auditores han analizado los 8,9 millones de euros que recibió Faffe para un plan formativo destinado a los ex trabajadores de la empresa gaditana Delphi y detallan muchas irregularidades: como que no está justificado el carácter excepcional de la subvención, que se han ejecutado 308.977 euros menos de los concedidos, la falta de memoria de actividades o la ausencia de datos sobre el desglose de los gastos por acreedor o el listado de alumnos participantes.