Salen del Gobierno de la Junta de Andalucía por su implicación en casos judiciales, pero se mantienen en nómina de la misma gracias a las cesantías, una suerte de pensión que, durante un tiempo limitado, la Administración paga a sus altos cargos una vez que dejan de serlo.

Este pasado verano, y en parte como consecuencia de la remodelación del Gobierno tras las elecciones autonómicas, una veintena de ex altos cargos han reclamado el acceso a estas indemnizaciones. Entre ellos se encuentran varios con causas judiciales pendientes, motivo por el que salieron del Ejecutivo para sustentar el discurso contra la corrupción de la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz. Sin embargo, desde el día siguiente del cese estos ex altos cargos comenzaron a cobrar las cesantías, ayudas aprobadas en 2005 dentro de un paquete legislativo que se llamó "de impulso democrático" para cubrir económicamente a los altos cargos dado que no tienen derecho a cobrar el desempleo y que, en teoría, tendrían dificultar para su reinserción laboral por el régimen de incompatibilidades.

Es el caso por ejemplo de la ex directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, quien el 7 de julio anunció que dejaba el cargo tras la querella penal presentada por la Fiscalía por presunta malversación en la contratación del servicio de audioguías en el conjunto monumental. El día siguiente comenzó a percibir esta "asignación económica por razón de cese", a la que tiene derecho durante los próximos doce meses (un mes por cada año trabajado) a razón de 4.904 euros mensuales. Fuentes de la Consejería de Cultura señalaron que Villafranca está inmersa en un proceso judicial para defender su inocencia, que no está condenada y que la percepción de esta asignación es legal.

Los perceptores de estas cesantías han sido siempre ocultados por la Junta de Andalucía hasta que el pasado 30 de junio y gracias a la entrada en vigor de la ley andaluza de transparencia se conoció un primer listado. En una actualización consultada por esta redacción el listado recoge 22 nuevos perceptores que se unen a dos ex consejeros de IU (Diego Valderas y Rafael Rodríguez), que tienen derecho hasta dos años de indemnizaciones por 4.186 euros mensuales.

Los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex consejeros se rigen por una ley estatal. El resto, por la norma autonómica aprobada en 2005.

Entre los que se han incorporado en julio y agosto se encuentran otros ex altos cargos imputados en distintas causas. El ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Triguero, está imputado por un supuesto caso de desvío de dinero público al Centro para la Investigación del Bienestar Ciudadano del Parque Tecnológico de Málaga. Desde el 15 de julio percibe 5.528 euros a los que tiene derecho los próximos once meses. También la ex directora general de Economía Social, Angelina María Ortiz del Río, quien declaró en abril como imputada por el caso Bahía Competitiva. Son tres mensualidades desde julio a 4.480 euros.

Carmen Lloret, ex secretaria general de Medio Ambiente, fue llamada a declarar como testigo cuando era delegada provincial en el caso que se sigue contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz. Entre otros perceptores está Antonio González Marín, quien entró en el Gobierno andaluz tras presidir el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y que fuera citado a declarar por el accidente ferroviario de Santiago de Compostela.

Otros de los destacados dirigentes de la Junta que recientemente han comenzado a recibir indemnizaciones son Luis Nieto, ex viceconsejero de Economía y Esperanza Perea, ex directora general de Medio Ambiente. También el ex director del Instituto Andaluz de la Juventud Raúl Perales, el histórico viceconsejero Juan Cortecero, la ex secretaria general de Educación Elia Maldonado o el ex secretario general de Deporte, el jugador de baloncesto retirado Nacho Rodríguez.

En total, 24 ex altos cargos de la Junta cobran en la actualidad cesantías por una suma global de casi un millón de euros (917.016 euros).