Casi un tercio de imputados en los ERE siguen sin medidas cautelares reales o fianzas civiles a pesar de que en algunos casos han pasado varios años desde que el Ministerio Público las solicitó. Consciente de este retraso, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a la que ha reclamado precisamente que resuelva de manera expresa sobre la "adopción o no de las cautelas y fianzas interesadas" a un total de 83 imputados en la causa, lo que supone casi un tercio de los 265 implicados.

En el escrito, que tiene fecha del pasado 23 de septiembre, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, justifican la necesidad de que se resuelva sobre estas medidas para que "la mismas por su tardía imposición acaso no pierdan su eficacia y virtualidad".

Los fiscales destacan precisamente las "dimensiones y complejidad" de la causa de los ERE y el alto número de personas imputadas, pero justifican su petición en la "necesidad de garantizar en la medida de lo posible la recuperación y/o aseguramiento de los fondos públicos indebidamente dispuestos por los imputados".

Por ello, y de acuerdo con otros requerimientos realizados al juzgado en febrero y noviembre de 2014 -cuando la instructora era Mercedes Alaya-, piden que se resuelvan esas fianzas "a la mayor brevedad y atendiendo preferentemente a la antigüedad de las fechas de sus comparecencias celebradas tras la declaración en sede judicial".

Entre las 83 personas cuya resolución sobre las medidas solicita se encuentran el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y el ex secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Rodríguez, a quienes la Fiscalía reclamó en julio de 2014 una fianza civil de 296.000 euros en relación con el ERE de Altadis.

En ese listado figuran además Enrique Rodríguez Contreras, ex gerente del IFA en Sevilla y ex director de Empleo e Innovación de la Diputación, cargo del que fue destituido tras su detención en 2013 en la segunda fase de la operación Heracles. También aparecen varios ex alcaldes, como Ángel Rodríguez de la Borbolla, que fue alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla); Carmelo Montero, de Guadalcanal (Sevilla); y Agustín Moreno Reviriego, ex alcalde Torrecera, una pedanía de Jerez de la Frontera, quien según la juez "prevaliéndose de su presunta relación con el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández García" sería beneficiario de rentas derivadas de una póliza suscrita para las prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva.

La Fiscalía también ha pedido a la juez que fije una fianza para la novicia Carmen Muñoz Rivas, a la que exige 59.000 euros por su actividad empresarial antes de que entrara en el convento de clausura de las Jerónimas de Constantina (Sevilla).

De la misma forma, Anticorrupción pide que se fije fecha para la comparecencia de medidas cautelares de naturaleza real de otros cuatro imputados, entre ellos José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, el ex futbolista de Osasuna, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid, que habría percibido una póliza 491.424,43 euros por unos cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales que según la juez Alaya en realidad no se habrían realizado por parte de la empresa Cenforpre en la que trabajaba. Alaya citó al ex futbolista en noviembre de 2011, pero no se celebró la comparecencia para estas medidas cautelares que ahora reclama la Fiscalía.

Los fiscales solicitan que se celebre la comparecencia para los imputados Daniel Ponce Verdugo, ex subdirector de Mercasevilla, el testaferro Eduardo Leal del Real -que figura en las empresas del conseguidor Juan Lanzas-, y a Gregorio Martínez Piñero, amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, entre otros.

Ante la petición del Ministerio Público, la juez Bolaños ha asegurado en una providencia que, "dada la carga de trabajo" del juzgado, las medidas cautelares "se dictarán cuando proceda".

De hecho, la juez ha impuesto una fianza civil de 353.353,96 euros al ex dirigente de CCOO en Andalucía Juan Antonio Florido, imputado en la causa durante la segunda fase de la operación Heracles que su antecesora, Mercedes Alaya, dirigió en octubre de 2013. La medida se ha impuesto precisamente dos años después de que lo solicitara la Fiscalía.

La juez atribuye delitos de malversación y tráfico de influencias al ex secretario de organización y finanzas de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO Juan Antonio Florido, quien fue incluido en cuatro pólizas y en su día se acogió a su derecho a no declarar. Bolaños le ha concedido un día para la prestación de la fianza.