EL Parlamento andaluz que salió de las urnas el pasado mes de marzo compone una Cámara más plural, con un Gobierno en minoría sustentado en el apoyo de un partido, el PSOE, que necesita el acuerdo de otro u otros para sacar adelante sus iniciativas. Como en todos los parlamentos, la oposición también puede ejercer esta iniciativa, con lo que el Gobierno tendría que asumir proposiciones de ley que no son suyas si no es capaz de aliarse para tumbarlas. Como gozamos de un parlamentarismo racionalizado, las iniciativas de la oposición tienen un límite: que no alteren el Presupuesto en vigor, éste es la barrera de nuestro Estatuto, de otros de otras comunidades y de la propia Constitución. Sin embargo, el Gobierno andaluz viene haciendo un uso incorrecto de su capacidad de veto, al ampliarlo a Presupuestos venideros o plantearlo sin una adecuada justificación. Hay que considerar que prima la iniciativa legislativa del Parlamento, por lo que el veto debe venir cargado de argumentos. En la Mesa del Parlamento hay varias iniciativas de la oposición bloqueadas, y podrían ser muchas más si persiste esta actitud por parte del PSOE y del presidente de la Cámara, a pesar de que un informe del letrado mayor advierte que deberían pasar al Pleno. Si al Grupo Socialista no le gustan estas proposiciones o considera que condicionan a su Gobierno, debe actuar en el Pleno de la Cámara, donde tiene que buscar apoyos de otros partidos que le garanticen la gobernabilidad. Ésa es la esencia del parlamentarismo: de la negociación se desprenderá la cesión. Mientras esto no se comprenda, el Gobierno andaluz ni estará bien representado en la Cámara ni el PSOE estará actuando con el derecho de su parte. Esta primera diatriba en la Cámara está sirviendo, además, para poner de manifiesto que el Gobierno andaluz necesita de un acuerdo más estable para garantizar una legislatura satisfactoria.