Se acabó la era Alaya. La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado este martes “por unanimidad” proponer al Consejo General del Poder Judicial que el actual juez de refuerzo Álvaro Martín continúe en comisión de servicio y que se reduzca a una sola comisión el refuerzo de este juzgado, lo que implica revocar la comisión que se concedió en su día a Alaya pero que no había comenzado hasta ahora por el conflicto con la titular.

El TSJA ha informado este martes que en el informe que se va a elevar al CGPJ, “tras diversas valoraciones previas, se acuerda someter a la consideración del Consejo General del Poder Judicial que la medida de apoyo judicial quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando un magistrado [en alusión a Álvaro Martín], que quedará integrado plenamente en el refuerzo para la tramitación de las Diligencias Previas 174/11, 545/14 y 966/14”, las tres macrocausas ERE, cursos de formación y avales y préstamos de Idea.

“Todo ello, sin perjuicio de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura”, precisa el acuerdo del Alto Tribunal andaluz.

La Sala de Gobierno “entiende conveniente” el plan de refuerzo inicialmente diseñado para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –en el que Alaya continuaba investigando los ERE y el delito societario de Mercasevilla-, pero debe variar por “las especiales circunstancias que concurren, determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo Acuerdo de 23 de junio”, añade el tribunal, sin precisar si se está refiriendo a las duras críticas de Alaya a Bolaños o a la división de la macrocausa de los ERE. La Sala de Gobierno remitirá al CGPJ el contenido íntegro del informe.

La decisión del TSJA pone fin a un culebrón que se ha prolongado durante más de tres meses, después de que Alaya lograra una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla pero mostrara su intención de seguir instruyendo todas las macrocausas bajo una comisión de servicio.

A principios de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió a evitar pronunciarse sobre el reparto de las macrocausas, al solicitar un nuevo informe a la Sala de Gobierno del TSJA sobre el plan de trabajo que dicha Sala aprobó en junio pasado para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El Alto Tribunal andaluz había acordado dejar en manos de Alaya la instrucción del caso de los ERE fraudulentos y la investigación del delito societario de Mercasevilla, mientras que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, se encargaría del resto de las macrocausas, incluidas la de los cursos de formación y la de los préstamos y avales concedidos por la agencia Idea.

La solicitud de este nuevo informe venía motivada, según fuentes del CGPJ, porque la juez Bolaños decidió, con posterioridad al acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas, una petición que todo el mundo reclamada desde hace tiempo: lo habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el TSJA y el propio Tribunal Supremo, que preside Carlos Lesmes.

El último informe del TSJA ponía el acento sobre el hecho de que después de las duras críticas de Alaya a Bolaños –a la que acusó de no estar preparada para asumir las investigaciones y de la que criticó su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera–, era imposible que existiera la “colaboración” que inexorablemente debe producirse entre una juez titular y otra a la que se ha concedido una comisión de servicio para, precisamente, tratar de agilizar y concluir algunas de las macrocausas que se mantienen abiertas desde hace años.