La Guardia Civil llega a "conclusiones erróneas" por la ausencia de información esencial que no ha tenido en cuenta o por la "errónea interpretación" de la información o de la norma aplicable. Así de contundente se muestra la Consejería de Empleo de la Junta en un escrito remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en el que contrarresta un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 21 de enero sobre la finalización de la línea de investigación relativa a la posible responsabilidad de la Administración.

En ese informe policial, que la Junta tilda de "precipitado", la Guardia Civil concluía, después de corregir la cifra inicial del posible fraude de los cursos de 3.015 millones -la Intervención General de la Junta aclaró que el cuadro remitido sobre las cantidades pendientes de justificar no era más que un "sumatorio" de las cifras reflejadas-, que de acuerdo con un estudio de la base de datos Júpiter había 1.298 millones "sin justificar".

El informe remitido ahora al juzgado por el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Coca, aclara que la tabla aportada por la Intervención constituye una "foto fija" del sistema contable realizada en una determinada fecha sobre los pagos "cuyo plazo de justificación se encuentra vencido", por lo que se trata de "meros apuntes en la contabilidad" y "en ningún caso estas cuantías son acumulables", por lo que constituye un "error" sumar las sucesivas anualidades.

En cualquier caso, la Junta destaca que la información válida es la que existe en la última anualidad y, según la tabla, "la última fecha que contiene es la anualidad 2013, en la que constaba un total de 188 millones de euros, cuyo plazo de presentación de justificación había vencido", una cifra que se refiere exclusivamente a las ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo, sin contar las que otorgaban otros organismos como la Dirección General de Formación o las delegaciones provinciales.

Junto a este informe, al que tuvo acceso este periódico, la Consejería de Empleo ha aportado a la juez Bolaños un auto del Tribunal de Cuentas del pasado 30 de junio de 2015, en el que, "frente a las aseveraciones incluidas en el informe elaborado por la Policía Judicial", este órgano -que es el único competente para pronunciarse sobre un posible menoscabo de fondos- ha concluido que "no procede incoar un juicio y ha ordenado el archivo".

El director gerente del SAE informa asimismo a la instructora de que se está terminando de elaborar un "detallado informe" en el que se refleja el estado de justificación, pago y liquidación de cada uno de los más de 18.000 expedientes de subvención que son objeto de investigación en la macrocausa de los cursos de formación. Este informe fue solicitado por el juzgado en diciembre del pasado año y según la Junta "permitirá acreditar, en base a la información contable, para cada uno de los expedientes investigados, el cumplimiento por parte de esta Administración de sus obligaciones en cuanto a la justificación y fiscalización de los expedientes", al tiempo que posibilitará igualmente "delimitar el número de expedientes en los que puede haber prescrito el derecho de la Administración a la recuperación de los créditos, si se diese tal supuesto", precisa el documento remitido por Julio Coca a la magistrada.

El informe de la Consejería de Empleo también rechaza las acusaciones de la UCO respecto a la "falta de control adecuado" en la ejecución de las acciones formativas, ya que los investigadores sostienen que "no se realizaban las correspondientes visitas de inspección o no existían partes de asistencia de los alumnos a los cursos". Frente a esta afirmación policial, la Junta defiende que en Andalucía se ha llevado a cabo la supervisión del "100% de las acciones formativas, tanto con actuaciones presenciales (una media de dos visitas in situ a cada curso)" como en actuaciones posteriores y de validación de instalaciones, formadores y selección de alumnos previa a la puesta en marcha de los cursos.

La Junta reconoce que sólo un año, en 2010, se redujo el número de visitas in situ a los cursos en las provincias de Sevilla y Málaga, las de mayor programación, pero no del resto de actuaciones de control, que alcanzaron a la totalidad de los cursos. Ese año se visitaron el "10% de los cursos", lo que supone "el doble" de las visitas que se fijan en la normativa básica estatal, que sólo establece un 5% de visitas. "Probablemente desconocía la unidad actuante que, por ejemplo, en el ámbito de gestión del propio Servicio Público de Empleo Estatal, no existe tal control previo al inicio de las acciones, permitiéndose a las entidades que desarrollen la actividad formativa incluso antes de resultar beneficiarios de la subvención", añade el informe de la Junta, que insiste en que todas y cada unas de las convocatorias de subvenciones en Andalucía "han estado sometidas a los controles internos previstos legalmente (fiscalización previa y control financiero de subvenciones realizados por la Intervención General de la Junta de Andalucía) y al control del órgano externo de control (la Cámara de Cuentas de Andalucía), sin que hasta la fecha se haya manifestado en informe alguno conclusión semejante a la manifestada en el informe policial cuando dice que los procedimientos para la correcta adjudicación de subvenciones no han sido aplicados debidamente".