1.405 millones de euros son muchos. Por ejemplo, son casi el doble del presupuesto municipal que tuvo en 2015 Sevilla, la ciudad más poblada de Andalucía. Pues 1.405 fueron los millones de euros que recaudó el Estado en Andalucía en la lucha contra el fraude durante el pasado año. Una cantidad que se queda pequeña si se le suman los 3.715 obtenidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social junto con la Agencia Tributaria entre 2012 y 2014. Sin embargo, el delegado del Gobierno en la región, Antonio Sanz, calificó el trabajo del pasado ejercicio de "histórico", puesto que supone un aumento del 6,5% con respecto a 2014 y más del doble de lo recuperado hace una década.

En la reunión de la Comisión Regional contra el Fraude, Sanz detalló que las campañas impulsadas en los últimos cuatro años por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social permitieron aflorar en Andalucía más de 64.000 empleos irregulares, un 18% del total nacional, mientras en el 2015 fueron 16.644 los empleos sumergidos. Las inspecciones a trabajadores y empresas para detectar contratos falsos, altas ficticias y empresas ficticias, así como irregularidades en las prestaciones por desempleo, ascendieron a 64.540, según el delegado. Respecto al fraude en las prestaciones por desempleo, se realizaron unas 19.426 inspecciones a trabajadores con 10.652 infracciones detectadas, siendo la construcción, los servicios y la agricultura los sectores en los que más se prodigaron.

El pasado año, el número de inspecciones realizadas a empresas ascendió a 2.981 con unas 1.316 infracciones, frente a las 4.786 a trabajadores que dieron lugar a 2.330 infracciones. En cuanto al fraude por altas ficticias a la Seguridad Social, entre 2012 y 2015 se practicaron 14.916 inspecciones a empresas, que dieron como resultado 12.474 anulaciones de altas ficticias o contratos falsos en empresas inexistentes.

La finalidad -precisó Sanz- era proporcionar el acceso indebido a prestaciones de la Seguridad Social y el pasado año estas inspecciones llegaron a las 2.869 con unas 1.222 anulaciones. Consecuencia de las mismas, el Estado ingresó entre 2012 y 2015 782,6 millones, mientras en el 2015 la recaudación por este concepto se situó 211,7 millones, un 20% del total nacional.