SIEMPRE han existido partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales que en sus programas o manifestaciones, dentro de cualquier ámbito, se expresaban abiertamente contrarios a la enseñanza concertada y algunos, además, solicitaban la supresión de los conciertos. Con independencia de que no lo comparta, era algo marginal; sin embargo ahora parece que estas manifestaciones se hacen con mayor frecuencia, con mayor radicalidad y agresividad, llegando a descalificar de manera desleal a la concertada.

Lo peor es que, en no pocas ocasiones, para desacreditarla se recurre a argumentos falsos, como por ejemplo diciendo que la Lomce beneficia a la concertada. Y lo que es aún más preocupante, que hay quien se lo cree, como está ocurriendo en un sector de la enseñanza pública, particularmente un grupo de directores.

Pero si escarbamos un poco, vemos que detrás de esta situación de nerviosismo y acritud está el miedo a que sobren puestos escolares, sobre todo en los centros públicos, como consecuencia de la bajada de natalidad y la vuelta de los inmigrantes a sus países de origen. No existe ni una reflexión ni una autocrítica de por qué unos centros, contando con más medios por parte de la administración educativa, tienen menos demandas por parte de las familias. Eso ni interesa, ni preocupa.

Lo que particularmente me alarma es que ese tipo de mensajes, al ser continuos y cada vez extendidos en más ámbitos, pueden calar en la sociedad y generar un estado de opinión contrario a la enseñanza concertada. Muchos de los directores de los centros concertados son testigos de lo que estoy diciendo en algunas reuniones en las que están presentes representantes de la administración educativa, directores de la pública y asociaciones de padres. Estos grupos, de manera coordinada y orquestada, están ejerciendo una presión, fundamentalmente sobre la administración educativa, para que en caso de que haya que cerrar unidades, éstas recaigan sobre los centros concertados, aunque sean las aulas de otros centros de alrededor las que estén vacías por falta de demanda.

Soy el primero que está convencido de que debemos evitar entrar en una confrontación entre la enseñanza pública y la concertada. En primer lugar porque no lo sentimos así; y en segundo lugar porque no es nuestro estilo; pero, sobre todo, porque creo que no beneficia a nadie, sino que perjudica a todos y daña a la educación en general. No obstante, esto no es óbice para que de manera explícita reivindiquemos y expliquemos la importancia del trabajo que se realiza en la escuela concertada, así como la calidad y singularidad de la enseñanza que ofrece. Siempre he defendido lo mejor para la educación con mayúsculas, ya sea pública o concertada, porque creo que ambas redes son necesarias, se complementan, se enriquecen mutuamente y posibilitan que los padres puedan elegir libremente, dentro de un marco consensuado y constitucional, el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Desde Escuelas Católicas Andalucía -y yo especialmente como secretario general de dicha institución- estamos dispuestos a mantener un diálogo constructivo con la administración educativa y con otras entidades del sector para buscar juntos la mejor solución a esta nueva situación. Puedo decir que es mi máxima preocupación y prioridad, sencillamente porque nos estamos jugando, no solamente el futuro de los centros concertados, sino de la estabilidad necesaria de la educación en Andalucía.

Señalaba anteriormente que no nos van a encontrar en la confrontación con la enseñanza pública, pero tampoco vamos a permanecer pasivos ni vamos a consentir que se siga atacando a la enseñanza concertada de manera irracional e injusta, como en estos momentos se viene haciendo.

En las actuales circunstancias es bueno, por respeto y agradecimiento a tantas familias que depositan su confianza en la escuela concertada poniendo en sus manos la educación de sus hijos, que toda la comunidad educativa -padres, profesores, personal de administración y servicios, alumnos y antiguos alumnos- tome conciencia de la situación actual y sepa dar una respuesta adecuada ante los injustos ataques que está padeciendo. Estos son, a modo de ejemplo, algunos argumentos para responder a dichos ataques y falsedades:

1Defendemos la educación pública y la privada concertada, y no queremos la confrontación, porque estamos a favor de la libertad de enseñanza a la que todos los padres tienen derecho para la educación de sus hijos, recogida en el artículo 27 de la Constitución Española y en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.

2Los padres tienen el derecho a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, pero esa elección corresponde únicamente a los padres, no a los poderes públicos. Lo mismo ocurre cuando hablamos de valores.

3La enseñanza concertada no tiene ningún privilegio respecto a la pública. Hasta la fecha nadie ha concretado dicha falsedad.

4Es la enseñanza concertada la que se siente discriminada frente a la pública: partida de "otros gastos" congelada y abonada con retrasos; profesores que trabajan más horas y cobran menos; menor ratio profesor/unidad que en la pública y sin financiación de la orientación en Primaria; servicios como comedor o transporte gratuitos para la pública y no para la concertada, perjudicando la verdadera libertad de elección de las familias más desfavorecidas, etcétera.

5La enseñanza concertada supone un ahorro económico para la Administración pública, ¿por qué ir entonces contra ella cuando el puesto escolar en la concertada es entre un 40% y un 50% más económico?

6Cada vez más la proporción de enseñanza pública y concertada en Andalucía va modificándose en favor de la pública. El porcentaje de un 80% para la pública y un 20% para la concertada, consagrado desde hace muchos años, se ha ido deslizando en los últimos tiempos hacia un mayor porcentaje de la pública respecto a la concertada. La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, el pasado 28 de abril dijo en el Parlamento que la pública es el 81,7%.

7En aquellos sitios en los que haya una bajada de natalidad y, por consiguiente, sobren puestos escolares, sobre todo en zonas desfavorecidas, sería deseable llegar a un acuerdo coyuntural de bajada de ratio, en los centros de ambas redes, por el bien de los alumnos.

8Es necesario, fundamentalmente para nuestros alumnos, un pacto en educación que aporte estabilidad al sistema educativo. Andalucía, por su volumen, tiene entidad suficiente para liderar dicho pacto.

La actual situación nos invita a todos que defendamos, sin ambigüedad, la complementariedad de redes y no tengamos complejo en resaltar y sentirnos orgullosos del servicio que la escuela concertada presta a la sociedad andaluza y al conjunto de la sociedad española.