La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, ha sido una de las grandes figuras protagonistas de la política andaluza en la semana que hoy acaba por su negativa, comunicada por el Ministerio que lidera, a comparecer ante la comisión que investiga las irregularidades en los cursos de formación para el fomento del empleo. Sin embargo, hasta ayer, la ministra había guardado silencio. Todas las declaraciones vertidas sobre su controvertida decisión habían sido realizadas por compañeros o contrarios. Incluso ha habido más que palabras: Podemos le ha presentado una denuncia en el Tribunal Supremo y la Cámara andaluza ha encargado un informe a sus servicios jurídicos sobre su actuación por si es pertinente trasladarla a la Fiscalía.

Báñez aprovechó su visita de ayer a Mazagón para justificar su rechazo a declarar en el Parlamento y defender la legalidad de su comportamiento: "El Gobierno cumple la ley y la ministra de Empleo siempre cumple la ley", afirmó. Para respaldar esta afirmación, Báñez se remitió al dictamen elaborado por el Consejo de Estado, en el que se apuntaba que la Cámara andaluza no tenía competencias para "controlar" a los miembros del Consejo de Gobierno. "Me remito a los informes jurídicos que conocen muy bien. He cumplido con la ley y lo que son mis competencias", recalcó la ministra.

Menos contundente estuvo Báñez a la hora de explicar por qué no acudió al Parlamento por iniciativa propia, ya que los grupos de la oposición cuestionan que el informe esgrimido sea vinculante y que, de todos modos, no dejara abierta la posibilidad de que la ministra fuera a la comisión por voluntad propia. "Cada uno puede decir lo que quiera, pero los informes jurídicos avalan la decisión que ha tomado la ministra de Empleo", insistió a este respecto.