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Consejo de Gobierno

Los proveedores podrán cobrar de un banco si la Junta retrasa sus pagos

  • Hacienda se compromete a abonar facturas y becas prioritarias en 20 días y en 45 las subvenciones.

Los proveedores de servicios básicos y los beneficiarios de determinadas becas y ayudas de la Junta de Andalucía podrán cobrar directamente de los bancos si la administración se retrasa en sus compromisos de pago. Es lo que pretende la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, con el decreto que presentó ayer al Consejo de Gobierno, que establece un plazo máximo de 20 días para el abono de facturas de sanidad, educación, servicios sociales y justicia.

 

Para ejercer su derecho a cobrar las facturas, ayudas o subvenciones, los interesados contarán con una oficina virtual en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En el caso de los proveedores, podrán comprobar el estado de su factura y, cumplido el plazo, reclamar por vía telemática el pago si no se ha producido. Los beneficarios de becas y subvenciones podrán hacer lo propio con el documento de resolución de las mismas. 

 

En ese momento, la adminitración tiene siete días hábiles para contestar. Si la Oficina de Atención a Personas Acreedoras -entidad de nueva creación incluida en el decreto- considera que procede el pago, dará la orden a la Tesorería de la Junta para hacerlo efectivo. También existe la posibilidad de que el organismo detecte incidencias que impidan el abono, como un error en los datos bancarios del beneficiario, que tendrá que subsanarse antes de proceder al pago. La tercera opción es que la mencionada oficina acepte el abono, pero la Tesorería no disponga de fondos, por lo que emitirá un documento para que el afectado pueda cobrar en una entidad bancaria sin coste alguno. Para que esto sea posible, Hacienda sacará a licitación pública un contrato con determinados bancos para que presten este servicio a cargo de la  administración autonómica. 

 

La norma, que debe estar lista  a finales de este año, supone un ejercicio de ingeniería financiera que va más allá de Ley de Contratos del Sector Público, que establece una demora de 30 días. Es incluso más ambiciosa en algunos supuestos que la situación actual del periodo medio de pago de la Junta, que en abril fue de 26,21 días. 

Además el documento trasciende a la legislación nacional al garantizar el pago en tiempo de las becas y ayudas para el estudio y el empleo -también en un plazo de 20 días-, y las subvenciones en materia de sanidad, educación y servicios sociales, que deberán pagarse en menos de 45 días. De esta manera se equiparan las obligaciones de abonar este tipo de prestaciones sociales con el pago de facturas comerciales a empresas. 

 

Del compromiso más ambicioso -el de los 20 días- podrán beneficiarse los proveedores de suministros básicos incluidos dentro del estado del bienestar. En el ámbito sanitario destacan además el transporte médico,  tratamientos como los oncológicos o la diálisis, y pruebas como las resonancias. En el sector educativo, se garantizan las becas y los conciertos docentes en Infantil, Primaria, Secundaria y el resto de niveles. En Igualdad y Políticas Sociales se primará el pago a proveedores del plan sobre drogodependencias, inclusión social y atención a la infancia, así como la atención a la dependencia, el envejecimiento y la discapacidad. En el sector jurídico destaca la asistencia gratuita y la asistencia de víctimas de violencia de género. 

 

Con la garantía de pago a los proveedores y beneficiarios de todas estas iniciativas, la Junta compromete un gasto de 6.150 millones de euros, es decir, el 80% del total del Presupuesto dedicado a gasto corriente en bienes y servicios (capítulo II) y las transferencias corrientes (capítulo IV).

El Gobierno andaluz pide 724 millones al FLA

El Gobierno andaluz acordó ayer la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para el segundo trimestre de 2016 y dispondrá de 724,7 millones de euros para amortizar vencimientos y financiar el objetivo de déficit. De la cantidad total, 556,28 millones se destinarán a pagar deudas contraídas anteriormente, 112,6 millones a financiar el objetivo de déficit y 55,82 a la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a 2008 y 2009. La cantidad solicitada ayer formalmente a este instrumento de apoyo financiero creado por el Gobierno se sumará a los 1.247 correspondientes al primer trimestre de este año. 

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