Los letrados de la Cámara sostienen que la ausencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la comisión de investigación de lo cursos de formación no entraña responsabilidad penal alguna, por lo que consideran que no es aconsejable acudir al Tribunal Supremo por la inasistencia. La ministra tenía que haber comparecido la semana pasada en esta comisión, pero Báñez esgrimió un dictamen del Consejo de Estado en el que se sostenía que el Parlamento andaluz no ejercía control político sobre el Gobierno central. Tampoco hay sospecha de responsabilidad penal en el caso del ex delegado de Empleo Antonio Rivas, que se presentó ante la comisión, se negó a declarar y se marchó después de una discusión con sus miembros. No obstante, y a pesar de este informe del letrado Plácido Fernández-Viagas, que sólo se centra en las posibilidades de la denunciante el Supremo, todos los grupos de la Cámara, menos el PP, reprocharon ayer la inasistencia de la ministra, a la que también le afean "su mala fe".

Los argumentos del letrado fueron respaldados por todos los grupos, menos IU, que se abstuvo, y Podemos, que votó en contra, por lo que el Parlamento andaluz no denunciará a la ministra ante el Supremo. Sí queda el reproche político.

El letrado sostiene que, en efecto, el Parlamento andaluz no ejerce el control sobre el Gobierno central, pero que la solicitud de comparecencia está justificada si se esgrime que Fátima Báñez pudiera ser conocedora de los hechos investigados. Fue ésa la razón por la que Javier Arenas y Eduardo Zaplana, ya siendo ex ministros de Empleo, comparecieron ante la comisión de los ERE. No por su condición de anteriores responsables del ministerio, sino por haber sabido del asunto. En el caso de Báñez, sostiene el letrado, se podía haber forzado la comparecencia si se hubiese argumentado que debe conocer la materia. De hecho, el letrado cree que el Consejo de Estado no acierta cuando sostiene que la ministra no debe comparecer porque la declaración en sí no es un modo de controlar al Gobierno central.

El caso de Rivas es distinto. El letrado opina que su marcha -el ex delegado sí fue, pero se retiró tras una sonora bronca- pudiera ser una descortesía, pero no un motivo penal. Y apunta a algo que se observa en el Parlamento, pero también en los juzgados, y es que los comparecientes no tienen la obligación de responder a las preguntas, y que ese derecho se extiende a no oír la relación ni la textualidad de las preguntas. La comisión de investigación del presunto fraude de los cursos de formación finalizará este turno de comparecencias la semana próxima, cuando acudirá la presidenta de la Junta, Susana Díaz.