El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, aprovechó ayer la resolución del Tribunal de Cuentas de España, adelantada por este medio, en la que no aprecia "ilícito contable ni menoscabo de caudales públicos" en la gestión de los fondos de formación para el empleo en Andalucía para exigir al PP que pida perdón a los funcionarios y cargos públicos del Gobierno andaluz a los que ha acusado en los últimos meses de participar en una trama fraudulenta. "¿Qué más le hace falta al PP para darse cuenta de su error de querer golpear permanentemente al adversario con un presunto caso de corrupción que ha resultado falso?", se preguntó Jiménez Barrios. 

El hombre de confianza de Susana Díaz al frente de la Junta recordó ayer desde Chiclana que  el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado en los mismos términos que la Fiscalía Anticorrupción, juzgados de Málaga y Jaén y los interventores de la Junta, tanto en los tribunales como en la comisión de investigación parlamentaria sobre la formación. 

La tesis que siempre han defendido los dirigentes de la Junta, y que ahora se está viendo respaldada desde varios ámbitos, es que en la gestión de los cursos de formación desde 2002 se han podido cometer algunos fallos administrativos por falta puntual de recursos, pero que en ningún momento ha existido una sistema organizado para hacer un uso fraudulento de los recursos, mayoritariamente de procedencia europea, y que los expedientes en los que se detecten irregularidades están "vivos", por lo que aún se puede exigir el reintegro de las ayudas públicas. 

Mientras que el PP, personado en la causa judicial que instruye la juez María Núñez Bolaños, insiste en la responsabilidad política y penal tanto de una serie de beneficiados por la adjudicación de cursos como de cargos de la Junta de gobiernos anteriores. En este sentido, Jiménez Barrios indicó que esto "no son cosas de la anécdota política, ya que se ha producido un daño y menoscabo a muchos funcionarios públicos que se han visto involucrados en los tribunales, que han sido imputados, y que ahora se demuestra que no tenían ni una mácula en su expediente". 

El vicepresidente del Ejecutivo andaluz insistió en preguntar que "quién recupera el honor de tantos funcionarios públicos y cargos públicos, que también han sido manchados en su honor y en su integridad profesional y política", ya que muchos de ellos fueron llevados "con un despliegue mediático sin precedentes, a los juzgados y a las cárceles", cuando aún instruía el caso la juez Mercedes Alaya.

El dirigente del Gobierno andaluz exigió "el mismo trato" y cobertura a la información sobre la decisión del Tribunal de Cuentas que cuando el Ministerio del Interior "apuntó el miércoles de la Semana Santa que había un fraude en Andalucía de más de 3.500 millones de euros".

El vicepresidente de la Junta también opinó que es "el momento de abandonar la corrupción como elemento de atizar al adversario". Por ello, reiteró su reclamación a los responsables del PP a que "reconozcan ante la opinión pública el grave error que han cometido y el daño que han producido".

Los populares, por su parte, incidieron ayer en que la investigación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso de los cursos de formación "no va en la dirección" que apunta el Tribunal de Cuentas, ya que "indica que hay responsabilidades penales". Por este motivo, desde el PP pidieron "prudencia" para esperar a que acabe la investigación y sacar conclusiones definitivas de un "caso muy importante y con un gran número de imputados". 

La portavoz de Educación de los populares andaluces, Marifrán Carazo, aseguró que en cualquier caso la resolución del Tribunal de Cuentas "no exime de responsabilidades políticas, que es lo que el PP-A ha mantenido desde el primer momento". 

En esta línea, la dirigente popular valoró que dirimir estas responsabilidad políticas hay que "hacerlo en el Parlamento, en una comisión de investigación, que este grupo empujó", y cuyas conclusiones se esperan para el próximo septiembre tras comparecer 66 personas vinculadas a los cursos de formación.

Carazo también preguntó a la Junta liderada por Susana Díaz "por qué paró la oferta de los cursos de formación, teniendo que devolver Andalucía 600 millones de euros transferidos por el Gobierno central a Andalucía para poner en marcha los cursos". El PP está convencido, según afirmó su diputada, que está decisión está relacionada "sin ninguna duda con la investigación que lleva a cabo la UCO". 

Teresa Rodríguez "No entendemos que se paralizara la formación si no ocurría nada"

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, afirmó este viernes que en su formación son "ampliamente respetuosos con los procedimientos abiertos en varios juzgados de Andalucía" sobre el presunto fraude de los fondos para la formación, en el que cree que existen responsabilidades políticas. Además, Rodríguez dijo que no entiende "que la Junta haya paralizado completamente la Formación Profesional para el Empleo para evitar casos de corrupción cuando ahí no ocurría nada". La líder de Podemos en Andalucía también criticó que se hayan perdido 800 millones para la formación con esta decisión. Rodríguez señaló que "en el momento en el que se definan las responsabilidades jurídicas y penales es cuando tendremos que pronunciarnos".