La acusación popular que ejerce el PP en la causa de los cursos de formación ha reiterado a la juez María Núñez Bolaños su petición para que le entregue copia de todas las "grabaciones audiovisuales originales" de las declaraciones prestadas en el curso de esta investigación, para unirlas a la "denuncia" que los populares han anunciado que presentarán contra la instructora por la supuesta filtración del futuro archivo de la investigación sobre la denominada pieza política en la que están imputados los ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los jefes de servicio.

Después de solicitar en un primer escrito estas grabaciones, la juez María Núñez Bolaños dictó un auto en el que recuerda a la acusación popular en la macrocausa de los cursos de formación que la grabación audiovisual de las declaraciones es el "acta" de las mismas y requirió al PP para que entregue en el juzgado "todas" las grabaciones que les han sido facilitadas, detallando por "minutos" los defectos que hayan detectado.

El PP no ha accedido a lo que acuerda la juez en el auto pero ha presentado un nuevo escrito, fechado el 19 de julio, en el que justifica la reiteración de la entrega de las copias. "Siguiendo expresas instrucciones de mi cliente, venimos a solicitar a la letrada de la Administración de Justicia, como garante de la fe pública y de la documentación de las actuaciones, que nos haga entrega de certificación o testimonio de las grabaciones audiovisuales originales de las declaraciones de testigos e imputados celebradas hasta la fecha en las presentes diligencias", precisa el escrito del PP, que justifica la petición de la siguiente forma: "Y ello, al objeto de acompañarlas junto con la denuncia que mi cliente tiene previsto interponer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", en alusión a la queja que el PP anunció que presentaría contra María Núñez Bolaños.

El auto de la instructora contestaba a un primer escrito presentado por el PP en el que aseguraba que todas las grabaciones que le habían sido entregadas en relación con los cursos de formación son "defectuosas, incompletas y contrarias al texto de as actas que se han entregado de las declaraciones". El auto se produjo después de que las asociaciones profesionales de jueces Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denunciaran lo que consideran una "tendenciosa campaña partidista" contra la magistrada.