Andalucía

Montero anuncia un decreto para garantizar los pagos en las pymes

  • El Ejecutivo busca reducir a 20 días el plazo medio de abono a proveedores de los servicios públicos.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, destacó ayer "la sensibilidad" de la Administración andaluza ante la morosidad que sufren las pymes y los autónomos subcontratados por empresas adjudicatarias de obras por la Junta, por lo que señaló la tramitación de un decreto de garantía de pago, que tenga una mayor afectación en los sectores de mayor subcontratación.

En respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos, María Isabel Albás, en el Pleno del Parlamento, la consejera también recordó que la Junta introdujo la comprobación de pagos a las empresas subcontratadas por parte de la empresa adjudicataria, que incluso puede llegar a ser objeto de sanción.

Montero precisó que el periodo medio de pago del Ejecutivo andaluz es de 23,92 días y recordó que, no obstante, la regulación en este ámbito es del Gobierno central.

"Hay que predicar con el ejemplo y ayudar a las pequeñas empresas, y eso debe llevar a que la empresa adjudicataria pague a las subcontratas en un plazo máximo de 60 días", defendió Montero.

La consejera aseguró que a los sectores con mayor nivel de subcontratación les llegarán los pagos "en tiempo y forma", pues la Junta está "trabajando" en la guía de cláusulas sociales "para perfeccionar aún más" el sistema.

"Estamos en la dirección correcta y si alguien incumple será porque se salte los preceptos", recalcó Montero. Montero insistió en que el decreto y la guía que se están ultimando aumentarán las "garantías" al respecto.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Isabel Albás apuntó que "aunque sea competencia del Gobierno nacional, la Junta es pionera en otras ocasiones", por lo que pidió a la Junta que "defienda a los autónomos y a las pymes, que son los héroes de esta crisis".

Tras señalar que, en algunos casos, la demora de los pagos de empresas adjudicatarias a subcontratadas llega a 220 días, Albás pidió que la Junta incluya en el pliego de condiciones la obligación a cumplir la norma, que es un máximo de 60 días.

"Teniendo en cuenta que no hay financiación para pymes y autónomos, estos impagos pueden llevar al cierre de las empresas", subrayó la diputada de la formación naranja, quien advirtió de que la Asociación de Autónomos en Andalucía rompió negociaciones con la Junta por la demora en los pagos.

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