La Policía Nacional detuvo ayer a 52 personas en Málaga y está investigando a cinco empresas por su presunta responsabilidad en un delito de falsedad documental contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que asciende a 1.374.828,65 euros.

El entramado, que procuraba contratos fraudulentos a trabajadores para el cobro de subvenciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y otras ayudas que permitían la regularización de ciudadanos extranjeros, estaba liderado por dos hombres de nacionalidad española de 40 y 45 años.

Tras los registros de los domicilios de los dos principales arrestados y de la sede de una de las empresas, se intervino documentación y material informático.

La operación Ralis comenzó en octubre del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de una red de empresas ficticias, algunas con una mínima actividad real, dedicadas al sector servicios. Las sedes de las compañías estaban ubicadas en Málaga para que los trabajadores cobraran prestaciones de desempleo.