El pasado 28 de abril, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, anunció la aprobación de los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas tras ser acordados con la Unión Europea.

En la práctica significaba suavizar la meta de déficit público entre 2016 y 2019. En el presente año, pasaba del 0,3% al 0,7%. Y para el próximo ejercicio se modificaba del 0,1% previsto a un menos restrictivo 0,5%.

Entonces, hace sólo cuatro meses y medio, los gobiernos autonómicos de todos los colores políticos aplaudieron la medida, que les permitía recorrer una senda de consolidación fiscal mucho menos exigente. La obligación de alcanzar techo de deuda pública cero se aplazaba hasta 2019. La cuesta se hacía un poco menos dura, habría más dinero para gastar.

Pero en estos tiempos convulsos para la política española, con un Gobierno en funciones desde el pasado diciembre nada está garantizado y todo es susceptible de convertirse en un arma arrojadiza entre partidos rivales como son el PSOE y el PP.

La Junta alertó ayer de que los nuevos objetivos de déficit nunca fueron aprobados por el Congreso, lo que pondría en riesgo la inclusión de 600 millones de euros en los Presupuestos autonómicos de 2017. Una situación que, según los dirigentes económicos de la Junta, supondría un nuevo factor de riesgo para el crecimiento experimentado en los últimos trimestres y la creación de empleo.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, reiteró ayer que no permitirán que "se tomen a los andaluces como rehenes", ya que en el palacio de San Telmo tienen la certeza de que todos los obstáculos que está poniendo el Gobierno en funciones del PP para que la Junta pueda elaborar las próximas cuentas generales son una manera de presionar a Susana Díaz y los socialistas andaluces para que faciliten la investidura de Mariano Rajoy, actualmente bloqueada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Pedimos al Gobierno que lleve al Congreso cuanto antes la modificación del objetivo de déficit porque si no lo hacen están perjudicando a los ciudadanos y usando las instituciones de todos al servicio de sus tácticas políticas", aseguró el portavoz de la Junta.

Vázquez recordó que la modificación en el techo de déficit es una recomendación realizada por la Unión Europea. El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó el pasado abril que "esta nueva senda de consolidación fiscal se adapta mejor a la actual realidad económica internacional y de España, que es muy diferente a la que existía cuando se aprobaron los anteriores objetivos de estabilidad presupuestaria, en el año 2013". Además, en ese mismo anuncio, Montoro destacó la importancia que tendrá "el consensuar un sistema de financiación autonómico más justo, que mejore las deficiencias del modelo actual". Algo que tampoco ha ocurrido todavía.

Desde el Gobierno andaluz siguen insistiendo en que si el Ejecutivo en funciones continúa sin aportar la información y dar los pasos necesarios para posibilitar la confección de los Presupuestos significaría un ataque al Estado de las Autonomías. "Sería absurdo que las comunidades autónomas no pudieran hacer su presupuesto; sería tanto como retorcer la Constitución porque estaríamos pisoteando el título octavo de la Carta Magna", sentenció Vázquez.