La Junta de Andalucía hace caso omiso del bloqueo político en Madrid. El presupuesto de 2017 se está elaborando bajo la premisa de un objetivo de déficit del 0,5% del PIB, lo que implica evitar un recorte de 600 millones de euros para el próximo ejercicio. Este objetivo se basa en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de abril, en el que se acordó relajar el tope en cuatro décimas respecto al 0,1% inicial gracias a que Bruselas concedió a España dos años más para reducir el descuadre de sus cuentas públicas. Sin embargo, este acuerdo aún no ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados, por lo que en teoría sigue en vigor el límite del 0,1% del PIB regional para el próximo año.

"El Congreso está operativo. El Gobierno en funciones, apelando al sentido general, puede enviar la senda de estabilidad que tiene pactada con Bruselas", afirmó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que participó en la inuguración de unas jornadas sobre la reforma del modelo de financiación autonómica organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La elaboración de las cuentas de 2017, cuyo proyecto de ley se enviará "en tiempo y forma" al Parlamento antes del 30 de octubre, se encuentra con un escollo añadido. El Gobierno no ha vuelto a convocar al CPFF, en el que están representadas todas las comunidades, por lo que éstas desconocen tanto las entregas a cuenta como la liquidación del modelo de financiación autonómica en 2014, pese a que por ley debía haber sido comunicadas antes del 31 de julio . Valencia y Andalucía han protestado al considerar que las comunidades están siendo usadas como rehenes para forzar la investidura de Mariano Rajoy.

"El Gobierno no tiene ninguna justificación para no actualizar las entregas a cuenta, porque no dependen de los Presupuestos Generales del Estado, sino que se elaboran con la participación de las comunidades en los impuestos", reiteró Montero, que confía en que la presión de las comunidades sirva para "obligar" al Ministerio de Hacienda a convocar el CPFF.

Para solventar este problema, la Consejería de Hacienda ha decidido elaborar su propia estimación de las entregas a cuenta y la liquidación del modelo de financiación. Aunque Montero no quiso avanzar cifras, sí estimó que las liquidaciones "van a estar muy en la línea del año anterior y no van a aportar recursos suficientes".

Andalucía recibió el año pasado 753 millones de euros a cargo de las entregas a cuenta y otros 959 millones de la liquidación del modelo de financiación autonómica de 2014, lo que supone un total de 1.712 millones. Sin embargo, se vio obligada a dedicar el 70% de esta cifra a reducir el déficit y pagar la deuda financiera en cumplimiento de la regla de gasto. Este mecanismo fue una de las medidas incorporadas por la Administración central en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, cuya reforma reclamó ayer Montero.

El Gobierno andaluz no sólo exige el desbloqueo de la situación financiera para los presupuestos del próximo año, sino que también reivindica la reforma de la financiación autonómica. "Nos estamos jugando cómo vamos a poder financiar las políticas de bienestar. Es un modelo que ha caducado en 2013. El Gobierno ha puesto muchas excusas para no abordarlo", denunció la titular de Hacienda, que cifró en 4.670 millones la cifra que Andalucía ha dejado de percibir por el retraso en la renovación del marco financiero. "Y a medida que pasa el tiempo sin hacer nada se incrementa esta cantidad", sostuvo Montero.

Andalucía no es la única región perjudicada. Valencia también ha denunciado su infrafinanciación en comparación contras regiones. Una de las vías para compensar esta merma sería que el Estado condonara parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que Andalucía ha recibido casi 15.000 millones. Así lo propusieron el pasado mes de febrero los presidentes de Andalucía y Valencia, Susana Díaz y Ximo Puig, aunque su planteamiento cayó en saco roto.