-Madrid es la comunidad que más aporta a la solidaridad territorial, muy por encima de Cataluña. ¿A qué se debe?

-Los saldos fiscales de las comunidades reflejan básicamente su nivel de renta. Cuanto más rico es uno, más impuestos paga. Y los servicios que reciben los ciudadanos son más o menos parecidos en todas las comunidades. Por tanto, el saldo fiscal de una región tiende a ser más desfavorable cuanto mayor es su renta. Es verdad que hay alguna anomalía, pero nosotros calculamos que en torno al 70% de los saldos fiscales se deben pura y exclusivamente a que en los sitios con las rentas más altas se pagan más impuestos, lo que parece bastante lógico. Por cierto, eso de la solidaridad no me gusta. Solidaridad suena a voluntario, a que uno tiene buen corazón y da mucho dinero a los pobres pero no es así. Uno paga los impuestos que le toca por ley.

-Cataluña denuncia estar infrafinanciada pero el gasto público por habitante está en torno a la media, según los balanzas fiscales.

-Los saldos de las balanzas fiscales y la financiación son cosas distintas. La interrelación es que la financiación es uno de los componentes de las balanzas fiscales. En el caso de Cataluña está correctamente financiada porque está cerca de la media en financiación por habitante ajustado. Es difícil vender la idea de que uno está horrorosamente discriminado cuando está en la media. El gasto estatal bien medido está también cerca de la media en Cataluña. Éste es un dato que hay que mirar con más cuidado, porque el que sea un poco más alto o un poco más bajo que la media no significa necesariamente que pase algo raro. Por ejemplo, las pensiones son uno de los principales componentes del gasto público español. Por esta vía, tiende a ir más dinero a regiones con poblaciones más envejecidas, pero esto no es ningún privilegio. En el caso catalán, no hay evidencia de que haya un sesgo en contra de la comunidad en lo que tiene que ver con las políticas estatales de gasto. Está donde tiene que estar.

-A la vista de los saldos fiscales, el mensaje del independentismo catalán de que "España nos roba" quedaría desautorizado.

-Eso de "España nos roba" no hay por donde cogerlo. Las cuentas territorializadas que ahora publica el Gobierno ayudan a dejarlo más claro, pero nadie sensato lo ha creído nunca. Es propaganda política.

-En el caso de Andalucía, llama la atención que sea una de las comunidades con gasto por habitante más bajo. Eso no casa con la idea de que los territorios más pobres deberían ser donde más esfuerzo público se hiciera.

-Andalucía tiene una financiación más claramente por debajo de Cataluña, entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media en años recientes, lo que no está bien. Pero también hay un componente demográfico: al tener una población muy joven, el gasto en pensiones es más bajo y eso no implica ninguna discriminación. Sin embargo, esta idea de que "como somos pobres nos tienen que dar mucho", depende. Los pobres entre comillas tienen derecho a que se haga un esfuerzo para intentar fomentar el desarrollo regional pero no tienen derecho a una educación o una sanidad mejor que la de los ricos. La referencia es la igualdad. Todos los españoles tenemos derecho a tener hospitales y colegios. Esto no depende del nivel de renta.

-Antes mencionó la existencia de anomalías. ¿Sería el caso del País Vasco? ¿A qué se debe?

-A la forma en que se ha implementado el sistema foral. El cálculo de la aportación vasca a la Hacienda central, el cupo, está muy mal hecho. Como no pagan la parte que les toca de los servicios que les presta el Estado y no contribuyen prácticamente nada a la redistribución, tienen prácticamente el doble de financiación per cápita que los demás.

-¿Cree que el sistema de finanaciación actual es manifiestamente injusto?

-Sí. En dos dimensiones. Por un lado está la enorme diferencia de resultados entre el sistema foral y el del régimen común. La solución debe ser acercar los resultados gradualmente a largo plazo. También hay diferencias de treinta puntos dentro del sistema de régimen común. Valencia está en el 93% y Cantabria o La Rioja que están en torno al 120%. Treinta puntos son muchos, pero no son los cien que hay con el País Vasco. Esto se puede arreglar en cuatro o cinco años para ir a un sistema en el que el abanico entre las regiones mejor y peor financiadas sea bastante menor. También hay que acabar con el elemento de arbitrariedad. Unas regiones salen bien y otras mal sin que se sepa por qué. Habría que eliminar esa especie de lotería.

-¿Cómo se puede articular una mejora de la financiación cuando las comunidades tienen potestad para modificar impuestos?

-Eso no es un problema. Las cuentas del sistema de financiación no se hacen con los ingresos reales sino con los ingresos que tendrían las comunidades si no tocaran los tipos. La Junta de Andalucía tiene impuestos más altos porque ha decidido subirlos pero gracias a eso tiene más recursos y puede ofrecer más o mejores servicios. Poder hacer eso es parte fundamental de la autonomía. A las autonomías hay que dejarlas que hagan cosas distintas, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos y luego que los ciudadanos voten si les gusta o no el paquete que se les ofrece.