Analizar el trabajo de cada funcionario de Justicia, su labor diaria y cuantificar la carga de trabajo que soporta. En teoría, ese será el objetivo del nuevo Plan de Organización de Recursos Humanos de los servicios judiciales en Andalucía, que ayer fue presentado por la consejera Evangelina Naranjo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, que también estaban ayer en la Real Chancillería en una visita oficial.

El plan pretende tener como base un estudio exhaustivo de la situación de los juzgados andaluces para "huir de la dinámica de improvisación que supone atender las necesidades de cobertura de puestos de trabajo a partir de las peticiones puntuales de los diferentes operadores jurídicos". Para conocer la realidad de la Administración de Justicia, la Sala de Gobierno del TSJA sugirió que se estudiase la provincia de Málaga y que sus resultados se extrapolen al resto de Andalucía. Según explicó el presidente del Alto Tribunal andaluz, Augusto Méndez de Lugo, "Málaga es exponente claro de toda la problemática en orden de recursos humanos". La consejera defendió el encargo a una empresa privada externa "para que sea realmente objetivo y no esté volcado por los intereses de ninguna organización".

Méndez de Lugo justificó la elección de la provincia malagueña porque "cuenta con sala del Tribunal, ocho secciones de Audiencia, jurisdicción civil y penal en la Audiencia, la nueva Ciudad de la Justicia, todos los órdenes jurisdiccionales en la provincia" y, además, se da la circunstancia de que "es una ciudad y una provincia donde las situaciones coyunturales se dan con mayor intensidad" en operaciones contra el narcotráfico, el tráfico de influencias o tramas de corrupción urbanística.

Según explicó la consejera de Justicia el plan se realizará "en tres fases" y tendrá una duración de diez meses y está previsto que esté terminado en el primer semestre de 2010. El análisis, que será realizado por "empresas expertas en la materia" y no por la Junta de Andalucía para que estén presentes "todos los operadores y colectivos de la Justicia", comenzará con el diseño, la elaboración y la introducción de información en la base de datos de los servicios judiciales de Andalucía, lo que llevará unos dos meses. En segundo lugar, y con tres meses de duración estimada, consistirá en el inventario e identificación del personal adscrito a los órganos judiciales de la comunidad autónoma. Finalmente, la tercera fase se prolongará seis meses durante los cuales se elaborará y definirá los elementos que configuran la relación de los puestos de trabajo de los servicios judiciales" en la provincia de Málaga.

Según Naranjo, que ese documento signifique refuerzos en la plantilla de funcionarios judiciales o simplemente una adaptación será algo que "defina el estudio". A partir del análisis del trabajo diario de la Administración de Justicia, "la Junta de Andalucía tendrá que poner en marcha el resultado de dicho plan". Un plan objetivo, que no va a hacer la Junta de Andalucía, sino "empresas expertas en la materia para que no esté volcado en los intereses de ninguna organización ni colectivo y que estemos representados todos".