Cada año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado venían recibiendo un mayor número de denuncias de mujeres que declaraban ser maltratadas por sus parejas o ex parejas. Esa tendencia se frenará en 2008. Hasta el 20 de octubre, se habían registrado en la comunidad 9.721 denuncias y lejos quedará la barrera de las 14.977 del pasado año.

La denuncia permite a la Administración conocer la situación de violencia y activar los mecanismos de protección. El retroceso oscilará en torno a un 14% y no supone una buena noticia: no existe menos violencia, sino más oculta.

"Sabíamos que esto iba a pasar, lo veníamos diciendo desde antes de la legislación", tranquiliza Soledad Ruiz, directora general de Violencia de Género de la Junta, nuevo departamento en la Consejería de Igualdad y Bienestar Social creado este año. Desde la aprobación de una ley específica en 2005, los registros de denuncias han ido creciendo año tras año. "Afloró lo que se tarda tanto tiempo en presentar, la primera denuncia, pero sabíamos que llegaría un momento en que se estancaría; de lo contrario, no estaríamos haciendo las cosas bien", afirma Ruiz, que vaticina: en unos años volverá a incrementarse.

Los primeros años de la ley han alentado a muchas mujeres a denunciar la violencia que sufrían. Las víctimas, hace unos años, padecían 15 años de malos tratos antes de presentar una denuncia, quien lo hacía, y ahora los plazos se han reducido a unos seis o siete años. Hay que seguir trabajando.

El Ministerio de Igualdad y la Junta estrenarán en 2009 nuevas medidas para luchar contra esta lacra social. En el primer trimestre del año, se acordará el convenio para implantar en Andalucía las pulseras con GPS para maltratadores con órdenes de alejamiento, tras la experiencia piloto en algunas comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares.

La Junta es partidaria de no generalizar este instrumento, sino usarlo para riesgos muy graves. Un juez decide su implantación y atiende a los datos sobre el nivel de riesgo para la víctima que le ofrece la Policía. El procedimiento, que ya pertenece al ámbito cotidiano de las fuerzas de seguridad, no ha sido muy divulgado. La instrucción policial dictamina si el riesgo para la mujer es extremo, alto, medio o bajo y, en los casos más peligrosos, decide el acompañamiento 24 horas de una patrulla, relata Ruiz. "Se han duplicado los policías y guardias civiles asignados a la protección de las mujeres y se han triplicado los que estaban a punto de jubilarse y han decidido ampliar su periodo en estas unidades", se felicita Ruiz, que desecha opciones como la vigilancia privada que demanda el PP.

El esfuerzo del Gobierno debe ir acompañado, señal Ruiz, por los ayuntamientos, "muchos desconocedores" de que sus policías locales pueden participar en la protección de las mujeres. Éste es un ejemplo de lo que intenta explicar la directora general: en todos estos años, incluso antes de la ley, se ha trabajado bien en la protección pero quizá de forma descoordinada.

La Junta ha impulsado medidas exitosas, caso del teléfono para asistencia o la inicativa remitida al Gobierno para que realice cursos para maltratadores no sólo en la cárcel. Una medida de "reeducación", no sustitutiva de la pena, para conseguir que esa persona pueda volver a emparejarse sin conductas violentas. Se ha trabajado bien, subraya Ruiz, pero ha llegado el momento de hacerlo mejor y más coordinados para evitar la doble "victimización" de la mujer, primero en su relación sentimental y luego en la burocracia, "que tenga la sensación de que nadie la escucha".

El reto pasa por conseguir que la primera intervención a realizar con la mujer sea "muy profesionalizada", con todos los actores bien coordinados, desde empleo a atención primaria, para dar una respuesta integral a la mujer. "Es una iniciativa de nuestra Consejería y ha llegado el momento de que sumemos todas las fuerzas, cada uno en su ámbito y todos con un protocolo común", desea Ruiz.

Lejos quedan aquellas estadísticas de hace un par de años en las que el 83% de los juicios por violencia de género se saldaban con una multa, en el 72% de los casos de menos de 25.000 pesetas. "Ha aumentado la concienciación y hay que aprovecharlo", concluye Ruiz.