La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, se despidió ayer de la política andaluza con un nuevo avance del que ha sido uno de sus proyectos estrella: el Pacto Andaluz por la Vivienda. El colofón a su gestión fue la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto por el que se materializarán los convenios entre Junta, ayuntamientos y diputaciones y por los que se dispondrá suelo urbanizable para la construcción de las 300.000 viviendas protegidas fijadas en este documento marco. De éstas, un 70 por ciento, 210.000, ya están convenidas sólo un mes después de la firma del Pacto.

El decreto, además, comprende dos mecanismos para agilizar el proceso para la liberación de suelo para VPO: una adaptación parcial y en paralelo en el caso de los municipios que estén en proceso de revisión de sus planes generales de ordenación y un procedimiento de urgencia para urbanizar reservas de suelo público.

En el capítulo urbanístico, el Consejo también concretó la anunciada flexibilización para la adaptación de los planeamientos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA): se excluyen los suelos industriales de la limitación del 40 por ciento de crecimiento del suelo y se anula el tope máximo del 30 por ciento del crecimiento de población en los municipios de menos de 10.000 habitantes cuya población haya crecido por debajo de la media andaluza del último decenio. Este criterio se aplicará por tramos, de manera que la acotación será del 60 por ciento para localidades de menos de 2.000 habitantes, del 50 por ciento para las de entre 2.000 y 5.000, y del 40 en las de entre 5.000 y 10.000 habitantes.

En cuanto a la deuda histórica, el portavoz del Ejecutivo, Enrique Cervera, quiso rebajar el nivel de "preocupación" mostrado por PP, IU y Coalición Andalucista ante la "comunicación normal" habida entre Junta y Gobierno central sobre su cuantificación, y anunció que ésta no se fijará sin una negociación previa con ellos, algo que no se producirá hasta después del 9-M. "Si están preocupados, que se relajen", apostilló, y acto seguido recordó que han "incumplido" su deber al no haber informado aún de la cifra que estiman necesaria, lo que achacó a su interés por la "confrontación" en este periodo preelectoral.