Estafó a decenas de pequeños inversores de la Alpujarra granadina y huyó al extranjero cuando se descubrió el pastel. Finalmente fue localizado y detenido por la Interpol en la República Dominicana. Ayer, el jamonero de Trevélez se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia provincial de Granada, donde se escribió el desenlace de la historia. Antonio Herrera, que es como se llama en realidad el popular empresario, aceptó ayer una condena de once años y cinco meses de prisión por haber engañado a sus vecinos, frente a los casi 47 años de cárcel que inicialmente se solicitaban para él.

Un acuerdo alcanzado entre el fiscal, las defensas de Antonio Herrera y su mujer, el abogado del Estado y las acusaciones particulares fue el colofón de este mediático caso, que iba a ser enjuiciado en ocho sesiones repartidas entre este mes y el siguiente y que iba a contar con 157 testigos.

Tras el acuerdo, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia dictará en los próximos días una sentencia de conformidad, en la que el jamonero de Trevélez será declarado autor de siete delitos: un delito de estafa y apropiación indebida en concurso ideal con un delito continuado de estafa en documento mercantil, un delito de alzamiento de bienes, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y otro delito más de estafa.

Su esposa, Concepción G.N., que también estaba acusada en este proceso y de la que está separado, será condenada a dos años de prisión por tres delitos contra el fisco con la atenuante de dilaciones indebidas.

No es de extrañar que el jamonero aceptase los extremos del acuerdo, pues la modificación introducida por el Ministerio Público en su calificación de los hechos supone una rebaja 35 años en la condena inicialmente solicitada para él.

Junto a la pena de prisión, Herrera habrá de pagar multas por 807.200 euros y perderá la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Concepción tendrá que pagar también a una multa de 800.000 euros y ambos, de manera solidaria, deberán abonar una indemnización que supera los 11,7 millones de euros a los afectados y pagar conjuntamente una multa de 728.419 euros a la Hacienda Pública por la cuota tributaria no ingresada.

El fiscal relata en su nueva calificación de los hechos que el acusado, también conocido como Fernando, fue director de una entidad bancaria de la localidad de Trevélez hasta principios de la década de los 90, cuando decidió dedicarse en exclusiva al negocio del jamón serrano. Por su labor como director de banco, el acusado "estaba al tanto de las posibilidades económicas de cada vecino", un trabajo que le había dotado de "credibilidad empresarial y apariencia de solvencia".

En diciembre de 1993 constituyó con su ex esposa la sociedad mercantil Jamones Fernando SL usando como financiación el capital de los vecinos y "cuando conocía que alguien disponía de fondos se ponía en contacto con él".

La primera fórmula de financiación desarrollada por Herrera fue la inversión en jamones, en la que el perjudicado le entregaba cantidades de dinero a cambio de entre el 7 y el 25% de interés después de que estos hubieran secado. En los meses previos de su fuga, el 8 de octubre de 2004, el acusado vendió algunos de sus bienes por un precio inferior al del mercado y permaneció en paradero desconocido hasta finales de 2007 en que fue arrestado por la Interpol.