Sólo cuatro de cada diez promociones de viviendas protegidas que la Junta autoriza encuentran en la actualidad financiación. El resto, o son rechazadas en los despachos de bancos y cajas de ahorro o entran en un período de espera demasiado largo. Lo razonable, sin embargo, sería que entre el 75% y el 80% lograran los créditos, pero la crisis financiera, traducida en una restricción de los préstamos, impide que la construcción de viviendas protegidas marche tal como le gustaría al Gobierno andaluz. Ante ello, la Consejería de Vivienda, a través de la Empresa de Suelo de Andalucía (EPSA), va a comprar parte de promociones viables, de modo que el promotor refuerce su posición ante las entidades financieras para lograr los créditos. La EPSA se convertiría, así, en una suerte de casero oficial durante un período máximo de 10 años, durante el cual será la propietaria de los pisos que se alquilarán con derecho a venta. La EPSA será también un cliente seguro que los promotores podrán mostrar a cajas y bancos.

Esta es una de las fórmulas que el consejero de Vivienda, Juan Espadas, presentará hoy a sindicatos y empresarios después de que en el Consejo de Gobierno de ayer lograse aprobar el proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, que regula esta garantía constitucional y estatutaria. En realidad, mediante este ley los ciudadanos no podrán acudir ante los tribunales para conseguir una vivienda, pero sí podrán demandar a la Junta o a su ayuntamiento si no han aprobado el plan de vivienda que garantiza el derecho a ella. Antes de finales de año, todos los municipios andaluces deberán contar con un registro de demandantes de viviendas de protección oficial, que, según sus características, le servirá para elaborar el plan municipal. Según la ley, tienen derecho a estas viviendas aquellas familias cuyos ingresos brutos anuales estén por debajo de los 36.000 euros.

Juan Espadas mantuvo ayer que la ley cuenta con el respaldo presupuestario "para este ejercicio y los siguientes", porque el Plan Andaluz de la Vivienda 2008-2012 se puede considerar como una memoria económica del texto legal. Sin embargo, aunque esté asegurada la inversión pública de 3.700 millones de euros, otro asunto bien distinto es el respaldo que los promotores de viviendas protegidas están obteniendo de las entidades financieras. No es la primera vez que Juan Espadas ha reconocido este escollo. Aunque el consejero circunscribe el problema a un período temporal muy concreto, mientras que la ley es perdurable, fue ayer cuando anunció medidas para intentar "desatascar" la sequía crediticia. En el caso de EPSA, el consejero no quiso dar datos sobre cuántas viviendas comprarán para el alquiler, ya que, aunque cuenta con una estimación, quiere estudiar "caso por caso".