Cometen actos delictivos de gravedad, pero quedan impunes al ser menores de edad. Esta situación preocupa al Defensor del Pueblo andaluz y del Menor, José Chamizo, que no obvia el debate sobre la reforma de la Ley del Menor.

Para Chamizo, hay que analizar como paso previo la oportunidad de esta reforma y comprobar estadísticamente cuántos menores de entre 12 y 14 años cometen actos delictivos -con menos de 14 años no pueder imputados-.

Mientras tanto, el Defensor sugirió a los jueces que dicten órdenes de ingreso en centros de trastorno del comportamiento a los menores que protagonicen este tipo de agresiones que, a su juicio, forman parte de la violencia de género "pura y dura". "La pregunta que nos hacemos en casos como Isla Cristina o Baena es siempre la misma: ¿Qué ha fallado? Tenemos tendencia a decir que la familia, la sociedad o el sistema escolar, pero creo que también algo falla en los propios menores y puede estar relacionado con trastornos de conducta o del comportamiento", reflexionó ayer el Defensor en declaraciones a esta redacción.

La institución que dirige José Chamizo ha iniciado investigaciones sobre estas "atrocidades" para recopilar todos los datos y "hacer una recomendación con sentido común a las administraciones competentes".