El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, reclamó ayer al Gobierno andaluz que la futura Ley de Inclusión Social, prevista para finales de año, cuente con una memoria económica "ajustada" a las necesidades sociales.

"Esta ley debe de ser un llamamiento a las administraciones desde su responsabilidad para que coordinen cualquier tipo de acción encaminada a los colectivos más desfavorecidos" anunció Chamizo ayer durante la presentación de las conclusiones de unas jornadas sobre esta temática celebradas en enero.

El Defensor del Pueblo afirmó que la denominada Renta Básica, que sustituirá al actual Salario Social -de unos 400 euros al mes-, responde "al incremento del número de personas que carecen de recursos". Además la realización de un estudio previo, que refleje la situación actual andaluza en este ámbito, es "importante" para evitar el "desbordamiento" de las demandas sociales y que superen las previsiones como ocurrió con el Libro Blanco de la Dependencia, advirtió Chamizo.

El Defensor hizo mención a varias mejoras necesarias en este ámbito como "evitar la expulsión de los alumnos en clase" y fomentar las aulas de convivencia, así como facilitar el acceso al sistema sanitario y a la vivienda para que "las personas que vivan peor tengan una existencia más digna".