El recién aprobado decreto que permitirá indicar medicamentos a los 25.000 diplomados en Enfermería de la sanidad pública andaluza empezará a aplicarse a partir del próximo septiembre. A pesar de que el significado del adjetivo pionero ha quedado abrasado de tanto usarlo, por una vez está bien traído: esta normativa es la primera de España en poner formalmente en manos de este colectivo profesional una prerrogativa reservada tradicionalmente a los médicos. Antes, incluso, que la legislación básica estatal, que aún no ha sido modificada para dar cabida a esta realidad. Un hecho que, se llame como se llame -algunas sinuosidades del texto para evitar colisiones son dignas del mejor nominalismo escolástico-, en Andalucía consiste en confiar a la Enfermería la gestión directa de unos 198 millones de euros al año en productos sanitarios (esa partida fue de 127,9 millones en 2008) y en medicamentos no sujetos a prescripción médica obligatoria (70,5 millones), pero sí financiados -con el respaldo documental de una receta- por la sanidad pública. No es mucho en el presupuesto oceánico de la Consejería de Salud. Pero confiere poder. Y, como dijo una vez Ben Parker, el tío de Spiderman, "un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

Si los datos demuestran que el colectivo asume estas competencias -de momento, nadie ha dicho nada sobre si eso se cobra aparte- con eficiencia, el prestigio político, económico y social de la Enfermería (el profesional ya es muy alto) puede subir muchos enteros, impulsado por la transformación en grado de sus estudios universitarios, cuyos contenidos recogen aportaciones, en Andalucía, de la Consejería de Salud, relacionados con el desarrollo de esta materia. Si el asunto no funciona, el corifeo de opositores a la idea, que los hay, se hará oír.

A pesar de que la Ley del Medicamento, norma básica estatal, da facultades exclusivas a médicos y odontólogos para recetar, el Consejo Consultivo de Andalucía ha dado luz verde al decreto. A día de hoy, la propuesta de modificación de esa ley por parte del Parlamento para ampliar esa potestad a otros colectivos, aprobada a finales del pasado abril, no se ha llevado a efecto. Jugando con los plazos -el decreto se aplicará a partir de septiembre- y, sobre todo, con los conceptos, se ha llegado a un texto de consenso (gracias a la colaboración de los colegios de médicos), que, evitando relacionar el término receta con la actuación de los profesionales de Enfermería, ha desbloqueado el asunto. Así, el documento que tendrá los mismos efectos administrativos que una receta, pero que no será una receta, será la orden enfermera, con su lógico correlato en la prescripción electrónica y en la historia clínica digital.

Todo ello debe redundar, como dijo ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, al presentar el decreto, en una mejor "cooperación multidisciplinar", además de acabar con el escenario de alegalidad que suponía el manejo, de hecho, por parte de la Enfermería, de medicamentos, especialmente en el ámbito hospitalario. Y, last but not least, debe descargar de papeleo a los médicos y poner más fácil a los pacientes que reciben atención domiciliaria la renovación de las recetas.