En trámite parlamentario, la futura Ley de Aguas de Andalucía enfilará un objetivo crucial impuesto desde la Unión Europea: el 100% de las poblaciones de la comunidad autónoma llegarán al horizonte de 2015 con un óptimo sistema de depuración, al que se destinará una inversión de 1.500 millones de euros en obras hidráulicas. Así lo anunció ayer la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, en la clausura de la mesa redonda Usos urbanos e industriales y la nueva ley de aguas de Andalucía, un foro organizado por la Consejería y el Grupo Joly. Castillo apuntó que en la actualidad sólo se filtra el agua correctamente en torno al 85 o 87% del territorio regional, con lo que Andalucía está a expensas de la construcción y puesta en marcha de 300 estaciones de depuración.

Infraestructuras que supondrán, pues, un impacto económico vital en tiempos de crisis, sumándose a una inversión de volumen similar para la mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento. Es más, según anunció la consejera, con las "medidas valientes" que incorpora esta normativa incubada en la reforma estatutaria de Andalucía, "se posibilitará la entrada de nuevas actividades económicas, generando empleo y riqueza". Un ámbito en el que se inscriben, entre otros muchos yacimientos, las energías renovables.

La ley, que previsiblemente entrará en vigor el año próximo, flexibiliza el régimen de concesiones de uso de agua, "beneficiando a todos los sectores económicos andaluces". Destacan en esta vertiente la creación de los bancos públicos de agua y el cambio de prioridad en el orden de los usos.

Según la dirigente autonómica, la posibilidad de que la Administración adquiera recursos hídricos y pueda dirigirlos hacia actividades y usos más necesarios de interés para el territorio andaluz o que supongan mayor rendimiento económico y medioambiental, impulsará el desarrollo de Andalucía y conseguirá un aprovechamiento más eficiente del agua.

"La Administración -prosiguió- no puede desaprovechar este recurso escaso y tiene la obligación de establecer medidas que fomenten su ahorro". En este sentido, una de las repercusiones que tendrá esta normativa será la necesaria modernización de los regadíos, que actualmente acaparan el 80% del consumo de agua. La utilización de nuevas técnicas de riego de cultivos supondrá un importante ahorro que podrá aprovecharse para desviar los recursos a otras actividades de interés que sean un valor añadido en términos de creación de empleo y riqueza.

La mesa redonda-coloquio celebrada ayer en Huelva subrayó de forma unánime el carácter de consenso que desde el principio ha imperado en este proceso legislativo, con la participación de los agentes sociales y económicos. Una normativa "de enorme importancia, con la que podemos culminar grandes inversiones públicas en nuestro territorio. Una regulación acertada del agua dentro de nuestro contexto es fundamental en la provincia onubense", apuntó el rector de la Universidad de Huelva, introductor de las intervenciones en el foro. Representando a la patronal, Fernando Reyero, presidente de la comisión de agua de la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), destacó el revulsivo que supondrá la renovación de las infraestructuras hidráulicas que, según las cifras que maneja el sector, moverán entre 2.300 y 2.400 millones de euros para saneamiento y depuración y 2.000 para abastecimiento. Ahora bien, los empresarios reclaman a la Administración que al borrador de la Ley se incorpore un anexo de obras de interés general "que den tranquilidad, trabajo y riqueza a la comunidad", apuntó Reyero.

La normativa -que, entre otros aspectos, unificará las tarifas de consumo y regulará las descontroladas aguas subterráneas- marcará un punto de inflexión a partir del cual el agua "dejará de considerarse solamente como un bien comercial, un factor económico; para tratarse como elemento de cohesión territorial", destacó, por su parte, Miguel Novoa, presidente de Giahsa y de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva. "Una Ley-señaló- que se vuelca en el uso sostenible en un momento tan dramático como es el del cambio climático".

Los sindicatos celebran igualmente que este nuevo marco jurídico venga a "promover en Andalucía una nueva cultura del agua como generadora de riqueza y vertebradora de la sociedad", indicó José Manuel Guerrero, en calidad de secretario de Medio Ambiente de UGT-A; una gestión más "democrática y transparente -precisó su homóloga en CCOO, Mª Mar Sánchez- abogando porque con esta Ley "Andalucía no deje pasar esta oportunidad histórica y se ponga a la cabeza de una cultura ética del agua".