presupuestos generales del estado 2010 El análisis de las cuentas públicas de los diputados andaluces en el Congreso

Aritmética del desacuerdo

El diputado socialista Javier Barrero destaca que los Presupuestos cumplen con el Estatuto, y la popular Fátima Báñez asegura que los 4.180 millones están un punto por debajo del porcentaje poblacional

Jorge Bezares / Madrid | Actualizado 15.11.2009 - 05:04
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Elena Salgado, tras la aprobación de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados.

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El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2010 ha sacado a relucir dos visiones diametralmente opuestas sobre las cuentas públicas que necesita España para salir de la recesión económica. En estas circunstancias, donde prima más el trazo grueso de la pelea electoral que la finura parlamentaria, el debate andaluz dentro de los Presupuestos ha estado marcado por esas diferencias irreconciliables entre socialistas y populares. Tan es así que, una vez superados los trámites en la Cámara Baja (ahora tiene que pasar por el Senado), ni siquiera la aritmética elemental los pone de acuerdo sobre la inversión real en Andalucía.

Para el socialista Javier Barrero, coordinador de los diputados andaluces y secretario primero de la Mesa del Congreso, las enmiendas introducidas por su grupo dan cumplimiento a la Disposición Adicional Tercera del Estatuto andaluz, que fija que la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años. Es decir, para este diputado onubense, los 4.180 millones de euros se corresponden con el 17,8% poblacional.

Su compañera Mamen Sánchez, número tres del Grupo Socialista y con mando en plaza sobre los diputados andaluces, destaca también que, además, la comunidad andaluza es la que "mayor inversión directa" recibe de Estado, y está a la cabeza, con más de 3.000 millones, en carreteras y aeropuertos, y la segunda en ferrocarril.

Ni qué decir tiene que para Barrero los Presupuestos son "generosos y correctos" y, tras las enmiendas, "podemos sentirnos satisfechos", que para Sánchez cumplen con "las necesidades" de Andalucía y los andaluces.

Sin embargo, para la responsable de economía del Grupo Popular en el Congreso, Fátima Báñez, los 4.180 millones no cumplen con el requerimiento estatutario. En su opinión, esa inversión está un punto por debajo del peso de la población andaluza. "Las inversiones totales van a estar por debajo de lo que dice el Estatuto. Siendo la más poblada, recibirá menos que Cataluña, que percibirá 4.446 millones y que, además, se garantiza lo que corresponda de las obras no ejecutadas (1.075 millones)", explica la onubense. A Báñez no le cabe ningún tipo de duda de que los Presupuestos "van a condenar a Andalucía a salir la última de la crisis". "Traerá casi 200.000 parados más en 2010 (uno de cada cuatro parados será andaluz), y los andaluces vamos a pagar 3.500 millones por la subida de impuestos", sentencia la diputada popular.

Más allá de la polémica sobre la inversión real, el pago en patrimonio o en dinero de los 784 millones pendientes de la deuda histórica ha sido uno de los principales motivos de discrepancia. Barrero se muestra "sorprendido" por la insistencia del PP en que esta cuenta pendiente, recogida en el Estatuto, se liquide en "dinero contante y sonante", cuando "los cumplimientos jurídicos de cualquier obligación pueden venir mediante la aportación de todo tipo de bienes patrimoniales". Báñez no lo ve así, y lo explica de forma más política que jurídica: "Chaves firma el compromiso del Estatuto con el PP para defenderlo como presidente de la Junta. Se viene de vicepresidente a Madrid, firma un cheque para Cataluña y a Andalucía le da el timo la estampita con la deuda histórica".

Evidentemente, en el reparto presupuestario provincial tampoco se ponen de acuerdo. Barrero destaca que, a través de las enmiendas, el PSOE ha beneficiado a provincias como Huelva y Córdoba, con "menos recorrido inversor" y ha apostado por el Milenio del Reino de Granada, los trenes de cercanías de Sevilla y por Delphi. Para Báñez, sin embargo, el PSOE ha intentado "rectificar" en algunas provincias (cita los dos millones que ella logró para el AVE a Huelva), pero, en su opinión, apenas si ha logrado "lavarles la cara".

En lo único en que se ponen de acuerdo es en la valoración del trabajo parlamentario. Barrero destaca la "coordinación" entre Junta, Gobierno y los diputados socialistas, y Báñez subraya la buena conexión entre Cristóbal Montoro y el presidente regional del PP, Javier Arenas, y elogia la labor de todos los diputados andaluces del PP.

En el Pleno que dio el visto bueno al proyecto tuvieron un especial protagonismo, en la bancada socialista, los diputados andaluces María José Vázquez Morillo, Cándida Martínez, José Andrés Torres Mora, María José Sánchez Rubio, Ana Fuentes y José Antonio Pérez Tapias. Por parte del PP intervinieron los andaluces Rafael Merino, José Manuel Albendea, Juan Manuel Moreno, Eugenio Nasarre, Cristóbal Montoro, Rafael Hernando y Adolfo González Domínguez.

Martínez defendió los Presupuestos del Ministerio de Educación, e hizo hincapié en las becas como "un derecho", en las que destacó que Andalucía recibirá un 20% de este capítulo. Fuentes hizo lo propio con las cuentas del Ministerio de Vivienda, y puso un especial interés en la exposición internacional sobre energía solar Solar Decathlon, cuyas sedes están en Washington y Andalucía.

Merino, por su parte, es quizás junto a Montoro de los populares con más protagonismo en el Pleno. Defendió que las cuentas públicas machacarán a los ayuntamientos. "Han desaparecido muchos de los fondos y ayudas, y ahora, con el Fondo Local de 5.000 millones, se quiere cubrir todo lo que se ha quitado", explicó. Se quejó también de que el PSOE no hubiera aceptado que una parte de ese fondo fuera a las deudas con proveedores, pymes y autónomos. En cuanto a la Función Pública, este diputado cordobés considera que no se plantean soluciones para que la Administración sea "más ágil y eficaz".

Hernando dio el contrapunto al Presupuesto de Inmigración, y lamentó que el Gobierno, mientras incorpora más inmigrantes (150.000 en 2008) y da más papeles (160.000 en lo que va de año), reduce fondos y ayudas. En su opinión, esta política aumentará la conflictividad social.
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