El alcalde de Almogía y responsable de Organización y Gobierno Interior de la Diputación de Málaga, Cristóbal Torreblanca (PSOE), se sumó ayer a las exigencias planteadas por los alcaldes de la provincia para que las irregularidades urbanísticas se resuelvan por la vía administrativa, en vez de en los juzgados penales. Esta exigencia la planteó a la salida del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga donde declaró durante dos horas como imputado en falsedad documental y delitos contra la ordenación del territorio en relación a ocho licencias de obras concedidas en Almogía.

El delito de falsedad que le imputa la juez tiene su origen en el visto bueno que dio a un informe urbanístico emitido por el secretario municipal de Almogía, Antonio A. también imputado en esta causa, según reconoció el propio alcalde quien agregó que las ocho licencias objeto de polémica se otorgaron en todos los casos "con los informes favorables del secretario y arquitecto municipal". El alcalde de Almogía se mostró confiado en el archivo de un procedimiento que cree que ha estado originado "por la denuncia de particulares" que actuaron de "mala fe" presumiblemente movidos por "intereses económicos".

Además, confirmó que la Policía Local ha realizado hasta ahora informes acreditativos de la antigüedad de inmuebles rústicos en aquellos casos en los que los particulares solicitaban al Ayuntamiento una licencia de obras para reformar una edificación existente. No obstante, el alcalde matizó que estos informes se completaban después con otros realizados por arquitectos externos.

La defensa de Torreblanca también abundó ayer a la salida del juzgado en la necesidad de despenalizar "los actos de concesión de licencias". En su opinión "la construcción en el campo sin licencia o con un permiso que no se ajusta totalmente a las condiciones urbanísticas no puede criminalizarse. Cuando reaccionamos en estos casos con el Código Penal estamos utilizando mecanismos impropios, porque el Derecho Administrativo ofrece mecanismos suficientes para atajar estas situaciones". En su opinión, "se ha pasado del blanco al negro" al negar la existencia "de la jurisdicción contencioso administrativa y entender que todo es penal" razón por la que "todos los días nos levantamos con sobresaltos en los municipios".