"La gente tiene problemas, lee en la prensa que se van a dar ayudas públicas y luego no tiene quien les asesore para que se pueda beneficiar de ellas". Así resumen desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por José Chamizo, la confusión sobre cómo y dónde pueden encontrar los ciudadanos las medidas anticrisis anunciadas por las distintas administraciones.

Se trata de familias con una orden de desahucio inminente. De familias a las que no les alcanzan los ingresos para hacer frente a la hipoteca. De pequeñas empresas al borde de la quiebra que se ven abocadas a echar a empleados.

Existen ayudas, pero difícilmente sabrán que se ajustan a su perfil si alguien no se detiene a examinarlas y detallárselas. Con esta preocupación, el Defensor del Pueblo solicitó a principios de año a la Junta de Andalucía que crease una herramienta de orientación sobre las ayudas públicas para desempleados, familias y empresas afectadas por la crisis. La petición partió del "chorreo" continuo de personas que llegaban a la institución pidiendo información y la dificultad para asesorarles que encontraban, con una "proliferación" de medidas que, "en ocasiones, resultan contradictorias con las anteriores", reclamaron en una resolución.

La Consejería de Economía y Hacienda contestó a finales de junio. Rechazó la sugerencia al considerar "innecesario" la creación de este servicio de atención e información, ya que Presidencia había habilitado una página web en la que se detallaban las medidas anticrisis. No hubo forma de encontrarla, anotaron desde el Defensor.

Fue en agosto cuando la Junta creó un enlace específico en el portal institucional bajo el epígrafe Medidas contra la crisis (ver gráfico). En esta página figuran ayudas y subvenciones que otorga la Administración andaluza estructuradas en tres bloques temáticos: apoyo a empresas y autónomos, inversión pública y empleo y apoyo a familias.

"En absoluto respondía a lo que pedíamos", anotan desde el Defensor. La aplicación informática no satisfizo a la institución como instrumento de asesoramiento a los ciudadanos. Además contiene informaciones que nada tienen que ver con la crisis económica o medidas que aún son anuncios y no se han concretado como ayudas específicas, añaden. Tampoco detalla cuáles son las acciones del Gobierno central a las que se pueden acoger los ciudadanos.

El Defensor ha vuelto a dirigirse a la Consejería de Economía en los mismos términos por los que se negó la sugerencia, es decir, reiterándose en la necesidad de que se cree una herramienta que responda a las necesidades de los ciudadanos a los que más les está afectando la crisis económica al considerar "insuficiente" este portal web. Economía no ha remitido respuesta aún a la institución.

La Oficina del Defensor expone que está recibiendo a un número notable de personas que acuden a la sede a pedir información sobre las medidas de las que se pueden beneficiar e indican que, desde la institución, se hace todo lo posible por recopilar la información, leer la letra pequeña de las ayudas y ofrecer una atención personalizada a ciudadanos que, en muchos de los casos, acuden a pedir ayuda cuando su situación económica es ya extrema. Pero añaden que no tienen recursos suficientes y que debe ser la Administración autonómica la que debería asesorar de forma individualizada a los interesados. "Nos las vemos y nos la deseamos", reconocen.

Una "maraña" de informaciones, con ayudas que incluso a veces están delegadas en los ayuntamientos y con la complejidad del lenguaje técnico de las normativas que imposibilitan una respuesta.

En la resolución inicial, el Defensor se quejó de que el Gobierno, la Junta, las diputaciones o los ayuntamientos aprueban "continuamente" nuevas medidas "sin que parezca existir una coordinación previa y sin que se conozcan evaluaciones del posible impacto de dichas medidas sobre otras ya aprobadas".

Añadió que, "para mayor confusión", los responsables políticos "publicitan como si fuera un hecho consumado la aprobación de determinadas ayudas" cuando aún están en fase de estudio o precisan de desarrollos normativos.

Chamizo sugirió el uso de las nuevas tecnologías para poner en marcha este servicio de atención personalizada, que debería ser capaz de atender on line o telefónicamente las consultas de particulares o entidades, evaluar cada caso e informar de las ayudas que mejor se adecuen a las circunstancias del interesado.