Prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir el delito. Esos son los dos delitos que la instructora del juzgado número 4 de Estepona imputa al alcalde de la localidad, David Valadez (PSOE). Al margen del regidor también hay otros dos imputados en esta causa. Los hechos trascendieron ayer a los medios de comunicación a pesar de que hasta hoy no se le notificará su citación por un error burocrático, lo que sorprendió bastante a Valadez que aseguró que en el año y medio que lleva como alcalde "nadie ha solicitado información sobre este expediente ni se me ha citado, tan siquiera en calidad de testigo".

La imputación de Valadez se deriva de la denuncia presentada a finales de 2008 por el concejal no adscrito Juan Manuel Rodríguez, por aquel entonces del PES, después de que la edil no adscrita imputada en Astapa, Marisa Rodríguez, asegurara en el Pleno del 21 de noviembre del año pasado que el jefe del gabinete de Alcaldía de Valadez se había construido una vivienda en suelo rústico.

Según Valadez, "nada más conocer los hechos ordené que se iniciara el expediente, que se nombrara un instructor y un secretario, que se impusiera la sanción económica correspondiente en base a la LOUA y que se restituyera la legalidad vigente mediante la demolición de lo construido ilegalmente".

Según la documentación a la que tuvo acceso este periódico, Valadez ordenó el 5 de noviembre de 2008 el inicio del expediente tras publicar un medio local la presunta irregularidad. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2008 se levantó acta por parte del servicio de inspección y el 7 de enero de 2009 se impuso una sanción de 70.836,93 euros, es decir, un 112,5% sobre el valor de tasación de la obra cuyo importe asciende a 62.966,16 euros. Después, el 16 de junio de 2009 se emitió otro decreto en el que se corrigió la sanción aumentándose a 157.415,4 euros, ya que al tratarse de una infracción muy grave se aplica una multa del 250% sobre el valor de tasación. Finalmente, el 21 de septiembre de 2009, se ordena la "demolición de las referidas obras realizas sin licencia municipal" y se abrió un periodo de alegaciones a las que el Ayuntamiento tendrá que responder antes del 23 de diciembre de este año.

El nuevo quebradero de cabeza de Valadez saltó a los medios ayer, un año y un día después de que el ex alcalde, Antonio Barrientos, saliera de la cárcel donde permaneció seis meses por su imputación en el caso Astapa que investiga la presunta trama de corrupción municipal.

Desde el PSOE provincial, ayer se apresuraron a marcar distancias entre los dos casos y a mostrar su apoyo a Valadez. Para el secretario de organización de los socialistas en Málaga, Francisco Conejo, "no estamos hablando de una imputación relacionada con un caso de corrupción. Si así fuera aplicaríamos la tolerancia cero como hemos hecho cuando se inició el caso Astapa". Conejo aseguró que el alcalde, "pondrá toda la información de este expediente en manos de la Justicia para que todo se solucione con la máxima celeridad".

Mientras tanto, desde el PP local y autonómico se solicitó ayer mismo la dimisión de Valadez. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, volvió a pedir la convocatoria de elecciones en Estepona y aseguró que la situación del Ayuntamiento es "insostenible" a lo que añadió que "un alcalde manchado por un presunto caso de corrupción debe dejar el cargo de manera inmediata". Por su parte el popular Ignacio Mena aseguró que para Valadez "la única opción es pedir la dimisión independientemente de que creamos en la presunción de inocencia. Lo que no puede ser", continuó, "es que la persona que se ha erigido como el adalid de la legalidad ahora no vaya a ser coherente con eso, ya que él ha pedido en muchas ocasiones la dimisión de los imputados ya que, según él, no era honesto seguir de concejal estando imputado".