Las peticiones para recibir el ingreso mínimo de solidaridad o salario social, una ayuda económica dirigida a las familias en riesgo de exclusión social, aumentó este año un 31,9% con respecto a 2008 por las dificultades surgidas como consecuencia de la crisis económica.

Así, según informó la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, hasta el 18 de diciembre, había recibido 38.440 solicitudes frente a las 29.126 del año pasado, lo que supone un incremento del 31,9%.

No obstante, de las 38.440 peticiones recibidas, se han concedido hasta la citada fecha 25.762, ya que, tal y como precisó el departamento que dirige Micaela Navarro, "algunas solicitudes están pendientes de resolución y, asimismo, no todas las solicitudes cumplen los requisitos exigidos".

Para cubrir esta creciente demanda, la Consejería ha ampliado el crédito destinado al salario social en un par de ocasiones durante el presente año 2009, pasando de los 38,91 millones iniciales a 62,3 millones. Tal y como precisó Igualdad, no se había producido una ampliación así desde 2003.

El salario social, que se abona como máximo seis meses, es una prestación mensual del 62% del salario mínimo interprofesional vigente -368,88 euros este año- y 49,92 euros por cada miembro extra de la unidad familiar hasta un máximo equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional .

El salario social está dirigido a las unidades familiares estables y empadronadas en un mismo domicilio ubicado en Andalucía, con un año de antelación, como mínimo a la fecha de la presentación de la solicitud. Los recursos mensuales de las familias beneficiarias deben de ser inferiores a la cuantía de esta ayuda, que toma como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en la fecha de presentación de la solicitud -actualmente 368,88 euros-.

El ingreso mínimo de solidaridad será sustituida por la renta básica en la futura Ley de Inclusión Social, cuya aprobación por el Consejo de Gobierno se encuentra aplazada por la actual situación económica. Esta normativa elevará al rango de derechos sociales diversas prestaciones y servicios actualmente regulados de forma dispersa.