La Fiscalía mantuvo ayer la petición de ocho años de inhabilitación por presunta prevaricación contra el alcalde popular de Otura (Granada), Ignacio Fernández Sanz, por el procedimiento que siguió para destinar 6.000 euros a una actuación de la banda municipal y otros grupos.

El fiscal le acusó de haber destinado a ese concepto los 6.000 euros recibidos de un promotor inmobiliario como anticipo de las licencias municipales que el Ayuntamiento le pudiera conceder en un futuro, sin que existiera consignación presupuestaria para la actuación musical y sin que hubiera mediado procedimiento de contratación alguno con la banda y los otros grupos.

En el juicio, que quedó visto para sentencia, el alcalde recordó que llevaba un mes ejerciendo en el cargo cuando ocurrieron los hechos (agosto de 2007) y dijo que ese pago se contabilizó luego mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito a final de año.