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Tras más de tres horas de Consejo Territorial de Dependencia, la consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, declaró sentirse "satisfecha" del nuevo modelo de financiación acordado. "No ha sido fácil. Muchas comunidades no compartían el cambio de criterios y criticaron que se iba a beneficiar a comunidades como Andalucía", relató Navarro.

La Junta impuso una lógica: quien más dependientes atienda, más dinero debe recibir de los fondos que el Gobierno distribuye entre las comunidades. Este criterio pasa del 20% conseguido el pasado año al 44% para 2010, unas décimas menos del 50% perseguido por la Junta y respaldado por una iniciativa del Parlamento andaluz con el consenso de todos los grupos políticos. No obstante se le suma otra reivindicación andaluza: del 54% de criterios restantes, un 16,8% pesa el esfuerzo por ofrecer servicios en detrimento de pagas económicas.

Andalucía será la que más gane. Uno, porque es la que más dependientes atiende desde que la ley comenzase en 2007 (155.550 dependientes a fecha 1 de mayo). Y dos, porque es la que ofrece más servicios (el 55% de las 203.970 prestaciones concedidas en Andalucía).

El Ministerio de Sanidad y Política Social, liderado por Trinidad Jiménez, difundió al final de la reunión un comunicado en el que elevó a un 56% los fondos del dinero que se repartirán de acuerdo al número de personas "efectivamente" atendidas. El Ministerio sumó el 44% de "realmente" atendidas con otros dos criterios: los servicios de dependencia prestados y el cumplimiento de acuerdos (acreditaciones de centros, regulaciones específicas, formación de cuidadores....).

La Junta llevaba meses reclamando el cambio de estos criterios porque veía injustamente tratado su esfuerzo en la aplicación de la normativa con respecto a otras comunidades que estaban recibiendo fondos del Estado sólo por tener a población "potencialmente" dependiente. Este criterio de población irá progresivamente perdiendo fuerza en los próximos años hasta casi desaparecer, decisión que satisfizo a Navarro.

"Esto supone que es un acuerdo plurianual para que todos los años no haya que negociar", expuso la consejera. Así, en 2011 el porcentaje de población realmente atendida sube hasta un 77% de ponderación, en 2012 un 87% y un 2013 un 97%. El sistema irá por lo tanto beneficiando a las comunidades en función del cumplimiento de la ley y de las personas atendidas.

Para conocer cuántos millones de más supondrá para Andalucía este cambio de criterios, la consejera esperó a que se formalice el reparto de los 283 millones -la misma cantidad que el pasado año- y que el Gobierno distribuirá en función de los datos a fecha 1 de julio. Esa cantidad puede ser incluso algo superior a la cifra avanzada por esta redacción, entre seis y siete millones. En 2009 recibió por esta vía 55,9 millones.

Lo que queda aún en el alero es la petición al Gobierno de que realice un esfuerzo compartido en la financiación de la ley. Andalucía se queja de que el Gobierno apenas aportó un tercio de los mil millones invertidos el pasado año en dependientes y que la comunidad tuvo que poner unos 750 millones. Cataluña criticó ayer que ese punto no se abordó en la reunión.

Ayer hubo un ruego de todas las comunidades para que, desde la "prudencia y responsabilidad" con la situación económica, el Gobierno incremente esos 283 millones en los años venideros.