IU y PSOE sacaron ayer adelante en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, con la abstención del PP, la aprobación del plan provisional de la carretera de Palma del Río, que abre la puerta a la legalización de las naves que el empresario Rafael Gómez construyó sin licencia. El teniente de alcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Francisco Tejada, consideró la medida como "una restitución de la legalidad", opinión que compartió el portavoz del grupo municipal del PSOE, Rafael Blanco. Tejada, sin embargo, no aclaró si este paso es compatible con el cobro en su totalidad la histórica multa de 24,6 millones de euros que el Consistorio impuso en su día al propietario de la firma Arenal 2000 por construir este complejo industrial.

Una representación del Ayuntamiento de Casares (Málaga), pueblo natal de Blas Infante, acudió ayer a la Fiscalía General del Estado para solicitar a Cándido Conde-Pumpido que se active el procedimiento necesario para anular la sentencia de 1940 que condenó a muerte al padre de la Patria Andaluza.

La alcaldesa de la localidad, Antonia Morera (IU), explicó que ni la Ley de Amnistía de 1977, ni la Ley de Memoria Histórica evidencian la anulación de la sentencia de muerte. "Desde Casares consideramos que ya es hora que se rehabilite la figura de Blas Infante, un humanista que luchó por unos ideales justos y por el progreso de los andaluces, y no queremos dejar pasar este año que se cumple el 125 aniversario de su nacimiento", añadió.